Se está volviendo una historia cotidiana. Luego del auge de las materias primas en América del Sur, un presidente de centro tiene que reparar el daño económico causado por un populista de izquierda y, ya sea por errores técnicos o políticos, hace un mal trabajo. Se culpa al FMI por medidas que serían aún más dolorosas sin su dinero. Ya pasó en Argentina. Y ahora le está sucediendo a Lenín Moreno en Ecuador.
Después de dos semanas de protestas, disturbios y saqueos, el 13 de octubre el mandatario derogó un decreto que eliminaba los subsidios al combustible. Su gobierno tendrá dificultades para recuperarse.
Moreno fue elegido en el 2017 como sucesor de Rafael Correa, un populista autocrático. Al término de un período de inestabilidad que tuvo cinco presidentes entrando y saliendo del poder en diez años, Correa gobernó con éxito durante una década, gracias al auge de las materias primas.
Mayores ingresos petroleros, junto a costosos y oscuros préstamos chinos, le permitieron construir carreteras, hospitales y escuelas, al tiempo que desperdiciaba miles de millones de dólares. Duplicó el tamaño del Estado. Pero después de que el precio del petróleo se derrumbó en el 2014, la economía cayó en recesión. Correa dio un paso al costado no sin antes respaldar a Moreno, su ex vicepresidente, quien ha usado una silla de ruedas desde que le dispararon en un intento de robo en 1998.
Moreno se desligó de las políticas de su predecesor. Tenía pocas opciones. En el 2000, Ecuador adoptó el dólar después de que su población abandonó una moneda nacional que no tenía valor debido a la hiperinflación. Por lo tanto, las autoridades no pueden imprimir dinero para cubrir el déficit presupuestario o la devaluación. La inflación debilita rápidamente la competitividad de las empresas. Para empeorar las cosas, Ecuador tiene una mala reputación en los mercados financieros. Los inversores no han olvidado que Correa dejó de pagar los bonos en el 2008.
Moreno heredó un déficit fiscal de 8% del PBI, y pocos medios para financiarlo. Este año, el gobierno recurrió al FMI, en un acuerdo que desbloqueó US$ 10,000 millones en dinero barato. A cambio, se comprometió a reducir el déficit en cinco puntos porcentuales durante tres años, para hacer sostenible la deuda pública de Ecuador. Si bien algunos recortes de gastos fueron sencillos, alcanzar el objetivo también significó aumentar el 1.5% del PBI, ya sea aumentando el IVA o reduciendo los subsidios al combustible.
El gobierno eligió esto último. Había buenas razones para hacerlo: los subsidios a los combustibles fósiles, que cuestan US$ 1,400 millones al año, son perjudiciales para el medio ambiente, además de ser socialmente regresivos. Como señalaron los funcionarios, gran parte del beneficio favorece a los más acomodados, a quienes contrabandean combustible al Perú, y a los narcotraficantes colombianos que lo usan para fabricar cocaína.
Pero los aumentos de precios fueron elevados: para el diésel, de US$ 1.04 a US$ 2.27 por galón, y para la gasolina de mayor octanaje de US$ 1.85 a US$ 2.39. Esto fue duro para las zonas rurales remotas, que dependen del transporte por carretera. Al gobierno le faltó preparar el terreno de antemano al no consultar a la población ni mitigar el impacto en los pobres. Después de que las alzas de precios entraron en vigor, se incrementaron los pagos de transferencia de efectivo que van al 20% más pobre de la población; pero para ese momento el daño ya estaba hecho.
La medida unió a opositores dispares: la federación indígena (llamada Conaie), propietarios de autobuses, estudiantes y simpatizantes de Correa. Según el gobierno, los aliados del ex presidente causaron gran parte de la violencia. Camionetas con matones a bordo patrullaban Quito, la capital. En dos semanas de caos, al menos seis personas murieron, más de 1,400 resultaron heridas y más de 1,100 fueron arrestadas. El daño económico puede haber alcanzado los US$ 1,500 millones (o 1.4% del PBI). El daño al tejido social y político de Ecuador es más difícil de calcular, pero fue sustancial.
Moreno cedió y desechó el decreto. Trabajará con Conaie en un nuevo paquete que involucra subsidios específicos, dijo. Eso implicaría perder alrededor de la mitad de los ahorros planeados, sostiene Siobhan Morden de Amherst Pierpont, una firma de valores. Un gobierno debilitado tendrá que lograr el resto de otras maneras.
Los latinoamericanos tienen la tradición de culpar al FMI por medidas impopulares que sus gobiernos tendrían que tomar de todos modos. La izquierda populista, que en gran parte guarda silencio sobre el desastre económico y humanitario de Venezuela, ahora ha aprovechado los contratiempos en Ecuador y Argentina para argumentar que estuvo en lo cierto todo el tiempo. De hecho, un retorno a las políticas que defiende conduciría a otra ronda de dolorosos ajustes.
Correa alguna vez se jactó: “Debido a que somos malos alumnos del FMI, las cosas van bien en Ecuador”. Si el fracaso de Moreno ayuda a los populistas a volver al poder en el 2021, podrían descubrir que lo contrario es cierto.