:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/ACTGL6K3XZH3BMBNX443MGWFPE.jpg)
Sigue y sigue y no para. En México, Rosario Robles, una ex ministra, fue encarcelada el mes pasado mientras se encontraba bajo investigación por el desvío de unos US$ 250 millones. Emilio Lozoya, el ex jefe de Pemex, la compañía petrolera estatal, está prófugo en Europa por cargos de corrupción.
En Perú, Susana Villarán, quien fue alcaldesa de Lima, está acusada de recibir dinero ilícito para su campaña por parte de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña. Sus compañeras de prisión incluyen a Keiko Fujimori, lideresa de la oposición, quien enfrenta una acusación similar. Todos niegan delito alguno.
En el pasado la corrupción rara vez ha sido un tema de tanta preocupación pública en América Latina. En una encuesta a más de 17,000 personas en 18 de los países de la región publicada esta semana por Transparencia Internacional (TI), un organismo de control con sede en Berlín, el 85% dijo que la corrupción gubernamental era "un gran problema" en su país, el 53% piensa que estaba empeorando y el 57% dijo que no se estaba abordando bien el problema.
Ampliando el alcance de la pregunta para incluir a los poderes legislativos y judiciales, la policía, las empresas y ejecutivos, más latinoamericanos ven una corrupción generalizada que en la encuesta equivalente de TI en África.
Eso es sorprendente, porque la corrupción tiende a disminuir a medida que aumentan los ingresos y América Latina está mejor que África en ese aspecto. Hay dos advertencias. La percepción no siempre es la realidad: los medios de prensa libres en América Latina han publicitado implacablemente los casos de corrupción desde que estalló hace cinco años el escándalo Lava Jato en Brasil, centrado en Odebrecht. Y algunos países son más limpios que otros. Uruguay y Chile, por ejemplo, son vistos como menos corruptos que muchos países europeos.
Sin embargo, en otros lugares, la corrupción es sistémica y multitudinaria. Implica no solo robar dinero público, sino distorsionar el gasto público y las prioridades políticas al tomar dinero ilícito de empresas privadas. Una vez visto como necesarias dádivas políticas, ahora la corrupción es considerada una carga. Las estimaciones de su costo anual en México varían de 2% a 10% del PBI. En una historia pionera sobre la corrupción en Perú, Alfonso Quiroz estimó que entre 1820 y 2000 mermó hasta un 40% del gasto público y el 3-4% del crecimiento del PBI por año.
La indignación ciudadana ha ido de la mano con una ofensiva sin precedentes contra la corrupción en la región, que se fortaleció con Lava Jato. La represión ha sido dirigida por determinados fiscales y jueces. Se han implementado nuevas herramientas legales, como investigadores especializados en anticorrupción, negociación de acuerdos, prisión preventiva y acuerdos internacionales para compartir información financiera. Esto ha dado resultados.
En Brasil, decenas de políticos y empresarios están en la cárcel. En Perú, cuatro ex presidentes están bajo investigación (uno, Alan García, se suicidó en abril). En Guatemala, un ex presidente y su vicepresidente están en prisión.
Pero ha habido excesos. Algunos cuestionan si se ha abusado de la prisión preventiva. El Tribunal Constitucional del Perú discutió esta semana una petición para liberar a Keiko Fujimori, quien ha estado en la cárcel durante 11 meses sin cargos. La credibilidad de Lava Jato se ha visto socavada por revelaciones de que Sergio Moro, el principal juez del caso, trabajó en complicidad poco ética con fiscales.
Solo en parte debido a tales excesos, la represión está en un punto de inflexión. Una reacción violenta ha comenzado. "La lucha anticorrupción... es un tablero de ajedrez en el que también juegan las piezas negras", señala Delia Ferreira, una abogada argentina que es presidente de TI.
La corte suprema de Brasil anuló recientemente una condena por corrupción debido a un error de procedimiento y está revisando otras. El presidente de Guatemala rechazó una comisión anticorrupción respaldada por la ONU (aunque el nuevo líder de El Salvador está creando un organismo similar). Después de que una elección primaria señaló el regreso al poder de Cristina Fernández en Argentina, los tribunales comenzaron a detener los casos de corrupción en su contra.
Pero los errores sugieren que la campaña debería ser agudizada, no abandonada. La impunidad de la que disfrutan los poderosos en América Latina ha sido al menos controlada en algunos países. La tarea ahora es ampliar y perfeccionar el uso de las nuevas herramientas legales, y complementarlas con otras reformas: el financiamiento de campañas y el propio poder judicial.
A corto plazo, existe el riesgo de que la ira pública genere un estado de ánimo antipolítico. Eso llevó a los populistas en oposición, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, al poder en Brasil y México. Pero como señaló Quiroz, la corrupción es una causa y una consecuencia de las instituciones débiles. Intentar matarla es un deber que no se puede esquivar.