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Se suponía que la orden ejecutiva que emitió la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para proteger los activos venezolanos en el país sería un duro golpe para el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. En cambio, la medida generó quejas de funcionarios del Tesoro y dejó a los inversionistas más desconcertados que nunca.
La fuente de la confusión es la refinería Citgo, con sede en Houston y joya de la corona venezolana en el extranjero, que ni siquiera se menciona en la orden de tres páginas que firmó el mandatario. Asesores del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por EE.UU. y otros 50 países como líder legítimo de Venezuela, pidieron durante meses a la Casa Blanca emitir tal orden.
La pesadilla de Guaidó es que el gigante estatal Petróleos de Venezuela incumpla en octubre el pago de US$ 913 millones correspondientes a un bono y los acreedores se queden con la garantía, una participación de 50.1% en Citgo. La amenaza se ha intensificado debido al menor apoyo político de legisladores venezolanos y una profundización de la crisis de efectivo en cuanto se prolonga la disputa de poder contra el gobierno de Maduro.
Tras la orden del lunes, el líder opositor de 35 años inmediatamente se adjudicó la victoria: “CITGO y todos sus activos están protegidos”, escribió en un tuit. Su fiscal general, José Ignacio Hernández, fue un paso más allá y afirmó que no tiene mucho sentido hacer el pago del bono ahora que Citgo está a salvo. Funcionarios del Tesoro estadounidense habían asegurado en privado al equipo de Guaidó que la refinería estaba protegida, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.
Pero algunos dentro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la rama del Tesoro encargada de aplicar sanciones, no estaban contentos. Funcionarios de la OFAC precisaron a los acreedores que aún pueden hacerse con las acciones de Citgo si PDVSA no cumple con el pago por el bono 2020, indicaron dos personas conocedoras del tema.
Los mensajes opuestos han provocado una serie de llamadas telefónicas ya que los asesores de Guaidó y los tenedores de bonos de PDVSA exigen más orientación explícita de Washington. En las reuniones de la semana pasada, algunos representantes de Guaidó se prepararon para la posibilidad de que la OFAC tenga la última palabra, aunque todavía quieren que Trump tome medidas adicionales, dijeron tres de las fuentes. Un argumento es que las licencias de la OFAC se emitieron antes del ascenso al poder de Guaidó y se han vuelto obsoletas en virtud del cambio del contexto político.
Mientras tanto, abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que asesoran a un grupo de acreedores venezolanos, se sienten cómodos con la aclaración de la OFAC. Apuntan al sitio web del Tesoro, que afirma que los tenedores del bono 2020 de PDVSA "no estarían limitados de obtener acceso a su garantía".
“La orden ejecutiva es ambigua en el mejor de los casos y eso puede reflejar que el gobierno no ha tomado una decisión sobre cómo lidiar con Citgo”, planteó Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino Capital, con sede en Nueva York. “Las dudas y preocupaciones más reciente pueden obligarlos a adoptar una postura más firme”.