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El vacío de poder en el liderazgo de Venezuela en Estados Unidos ha dejado a los tenedores de bonos sin nadie que negocie los US$60,000 millones de deuda en default del país, de acuerdo con un abogado que asesora al mayor grupo de acreedores.
Los inversionistas que poseen bonos del Gobierno y de las compañías petroleras estatales están abiertos a negociar un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción sobre los bonos. Eso ampliaría el plazo y daría tiempo a las partes para trabajar en una reestructuración, dijo Richard Cooper, un abogado de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
La firma representa al Comité de Acreedores de Venezuela, un grupo de inversionistas, en su mayoría institucionales, que poseen más de US$10,000 millones de la deuda.
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Sin embargo, los acreedores se quedaron sin un Gobierno con el cual negociar después de que los legisladores de la oposición destituyeron a Juan Guaidó en diciembre. Washington tampoco reconoce al presidente Nicolás Maduro, con el que cortó lazos en 2019.
“Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción es difícil debido al fin del Gobierno interino y la falta de claridad sobre quién cuál el Gobierno reconocido”, dijo Cooper durante un atípico evento sobre deuda venezolana organizado por Americas Society/Council of the Americas en Nueva York.
Cualquier intento de reestructuración enfrentaría un camino difícil: los bonos están profundamente en dificultades, cotizando por debajo de los 11 centavos por dólar, al tiempo que los operadores estadounidenses tienen actualmente prohibido comprar la deuda por las sanciones.
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La situación de los acreedores se suma a las secuelas de la destitución de Guaidó, quien en 2019 recibió el respaldo de Washington y otros Gobiernos occidentales y recibió el control de los activos gubernamentales en países extranjeros. La semana pasada, el Departamento de Estado tomó la custodia de la embajada y las residencias diplomáticas de Venezuela en Washington y Nueva York, argumentando que los diplomáticos extranjeros deben ser designados por un presidente.
Para los acreedores, está en juego el futuro uno de los mayores montones de deuda en default del mundo. El Gobierno y la petrolera estatal PDVSA dejaron de pagar aproximadamente US$60,000 millones en bonos en 2017. Desde entonces, se han acumulado miles de millones más de intereses.
A medida que se acerca el sexto aniversario del default en octubre, los inversionistas se preparan para demandar en los tribunales estadounidenses antes de que expire el plazo de prescripción, lo que los privaría de su capacidad para hacer cumplir el pago de las obligaciones.
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Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción retrasaría ese plazo, lo que, según Cooper, “básicamente evitaría gastos innecesarios” de juicios costosos.
Maduro ha dicho en repetidas ocasiones que su Gobierno está abierto a negociar con los acreedores. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, ofreció renunciar al estatuto de limitaciones de casi todos bonos venezolanos en 2020.
La oferta no logró ganar terreno porque Maduro no era reconocido y EE.UU. habia impuesto sanciones económicas contra Venezuela.
“Resulta muy difícil lograr un acuerdo en el que no hay claridad sobre la representación legal”, dijo David Syed, abogado de Denton’s Europe LLP, que asesora al Ministerio de Finanzas de Venezuela y a PDVSA. Syed dijo que no comparecía en la conferencia del miércoles en nombre del Gobierno.
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“Creo que la voluntad sigue ahí si tenemos la discusión adecuada”, dijo Syed sobre el acuerdo de suspensión.
El Gobierno de Venezuela no retorno de inmediato los mensajes en busca de comentarios.
Cooper dijo que incluso si finalmente se llega a un acuerdo de pago, cualquier negociación de deuda será un proceso prolongado.
“No hay un guión para la eventual reestructuración de Venezuela”, dijo. “Esto va a ser realmente complicado, si sucede y cuando suceda”.
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