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El Perú afronta el ataque concertado de fuerzas, en su mayoría informales, agrupadas en el sur del Perú. Éstas han sido movilizadas por azuzadores políticos profesionales, líderes sindicales, autoridades regionales y agentes del narcotráfico y de la minería ilegal. Su vínculo con asociaciones más organizadas, tejidas durante el gobierno de Pedro Castillo, ligadas a Perú Libre (el original partido de gobierno) e influidas, en no escasa medida, por operativos del MAS boliviano y del proyecto Runasur de Evo Morales no puede ser desconocida ni minimizada.
Como tampoco puede serlo el rol de las organizaciones que, bajo el manto sindical del Movadef y Sute (organizaciones “magisteriales”), esconden a militantes de Sendero Luminoso.
La toma de aeropuertos regionales, los incendios de sedes de gobiernos locales, el saqueo de mercados, el corte de carreteras y reclamos inabordables realizados de manera progresiva y siembre orgánica entre diciembre y los primeros días de este mes indica que no estamos frente a un estallido social intempestivo ni encarados con un movimiento político con doctrina perfectamente reconocible.
Si la cohesión de la asonada proviene del electorado castillista que triunfó claramente en las elecciones generales del primer semestre del 2021 (con especial éxito en Puno) y de la menor cobertura de servicios básicos en ciertas regiones sureñas (Puno registra uno de los menores niveles de ingresos per cápita consistentes con su menor tasa de crecimiento relativo aunque éste no es el caso de Arequipa, Moquegua o Tacna, INEI) sus reclamos se presentan como políticos e inabordables.
En efecto, las autoridades de la zona demandan la liberación de Castillo, la renuncia de la presidente de la República y el establecimiento de una asamblea constituyente y otros requerimientos (entre los que el separatismo no se oculta).
Al respecto debe recordarse que, además del golpe de Estado manifiesto que perpetró frustradamente el 7 de diciembre, Castillo ha cometido delitos que están judicializados; que la presidente en funciones asumió el cargo de acuerdo a normas constitucionales establecidas y legalmente instrumentada por el Congreso; y que la asamblea constituyente, que es rechazada por la mayoría de la población según todas las encuestas, no puede ser convocada por un gobierno de transición (que ya ha establecido su vigencia hasta el 2024 cuando se realizarán nuevas elecciones).
Por lo demás, la realización institucionalizada de un diálogo nacional en el marco del Acuerdo Nacional (un foro que busca consensos sobre “políticas de Estado”), acaba de ser frustrado por gobernadores sediciosos que no concurrieron o que participaron por vía electrónica sólo para atizar el conflicto.
De otro lado, las autoridades de la Macrorregión Sur (Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Moquegua, Madre de Dios) que ya habían promovido una “gran marcha” a Lima, han reiterado su decisión con amenazas de tomar medidas extremadamente violentas contra infiltrados y policía capturados (EC).
En ese marco de ilegalidad, financiado en buena cuenta por el narcotráfico del VRAEM y por la minería ilegal de Madre de Dios, el gobierno busca reestablecer el orden. Ello implica un uso legítimo y proporcional de la fuerza y un diálogo ad hoc en lo posible. Pero ni lo uno ni lo otro ha funcionado.
En efecto, los destacamentos de la Policía Nacional han cumplido con evitar mayor destrucción pero han sido desbordados en tanto no cuentan con destacamento suficiente, mientras que el uso legítimo de la fuerza ha sido políticamente limitado (no obstante, ya han muerto producido más de 40 personas y algunos miembros de la Policía han sido heridos, humillados -y, en un caso, un oficial ha sido quemado vivo-).
A esta situación ha concurrido el MAS boliviano y su arenga insurreccional, racista e plurinacional estimulando, especialmente a la población aimara, a embarcarse en esta causa. Al respecto, el Congreso se ha limitado a declarar persona non grata a Evo Morales y el gobierno apenas ha prohibido el ingreso de operativos de ese partido que han cumplido misiones sen el Perú. A pesar de ello, parlamentario del MAS han reiterado en Bolivia su voluntad de seguir “socializando” en el Perú sin tener en cuenta que su acción, que no parece ser combatida por el gobierno del Sr. Arce, puede llevar a un conflicto internacional.
Ese riesgo debe ser comunicado por el gobierno peruano al gobierno boliviano al tiempo que se esclarece la labor que ha cumplido en Bolivia una embajadora que, por todo mérito, exhibió su vínculo con Perú Libre y con su líder, Vladimir Cerrón. Por ello debe responder también el diplomático que, con extraordinaria irresponsabilidad, contribuyó a la designarla.
Mientras tanto, el gobierno debe persistir en la recuperación del orden interno e informar adecuadamente a la comunidad internacional sobre los hechos y actores de la rebelión en marcha.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.