De la Torre, Ghezzi y Segura: Apoyando la recuperación, pero bien y con un plan

El Perú ha logrado construir en las últimas décadas una credibilidad fiscal envidiable. Ello nos permite una capacidad de respuesta casi única en América Latina para hacer frente a los retos del covid-19.

Dicha credibilidad no es producto de la casualidad. Es el resultado de esfuerzos de años. Gobierno tras Gobierno ha respetado las reglas de juego y los contrapesos necesarios para garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de las finanzas públicas.

El Gobierno ha estado en lo correcto en usar las fortalezas que tanto ha costado construir. La economía requiere medidas, tanto en amplitud como en escala, como no hemos visto en décadas.

Justamente por eso es importante que la política fiscal cuide su credibilidad. Esto no significa gastar o endeudarse poco. La coyuntura requiere políticas agresivas para sostener la cadena de pagos. Pero sí hacerlo correctamente. Desafortunadamente, en las últimas semanas se han tomado decisiones que corren el riesgo de socavar esa credibilidad. Mencionemos tres.

La primera es la suspensión de la regla fiscal para los años 2020 y 2021. Desde hace más de dos décadas, la política fiscal ha estado guiada por un conjunto de reglas que constituyen el marco institucional que garantiza el manejo responsable y predecible de las finanzas públicas en el país. Este marco ha ido evolucionando y fortaleciéndose a lo largo de los años.

“De la misma manera que la crisis no justificaría un intento por vulnerar la independencia de la política monetaria, consideramos que tampoco debería hacerlo con la institucionalidad fiscal”.

Es natural pensar, dada la escala de la emergencia actual, que una medida excepcional, como la suspensión de la regla fiscal, esté plenamente justificada. Ese sería el caso si dicha regla no estuviera diseñada precisamente para ser flexible en tiempos de crisis. El Gobierno conoce muy bien de esta flexibilidad para hacer ajustes. En diciembre del año pasado hizo justamente eso y modificó la trayectoria fiscal, postergando la convergencia hasta el año 2024, lo que ya le permitía correr déficits más grandes.

Estas modificaciones son mecanismos de excepción para situaciones de emergencia. Se han usado con criterio y justificación razonables en el pasado. Lo que no contemplan es que el Gobierno opere sin límite ni control alguno en materia de gasto y endeudamiento público. El precedente que esto sienta, a doce meses de las próximas elecciones generales, es peligroso. De la misma manera que la crisis no justificaría un intento por vulnerar la independencia de la política monetaria, consideramos que tampoco debería hacerlo con la institucionalidad fiscal.

La segunda decisión concierne a la reciente emisión de bonos soberanos. El Gobierno estuvo en lo correcto en obtener financiamiento en los mercados de capitales internacionales. Necesita diversificar sus fuentes de fondeo, como históricamente se ha hecho. Incluso, consideramos que hubiera sido ideal emitir deuda por un monto mayor a los 3 mil millones de dólares (especialmente frente a la alta demanda de siete u ocho veces el monto final), dadas las presumiblemente elevadas necesidades de financiamiento.

No obstante, los plazos de cinco a diez años no eran los adecuados. Ahora el Perú enfrenta un rollover corto, algo que hemos venido evitando durante las últimas dos décadas. Es por ello que nuestro país no emitía un bono a cinco años desde el 2002, cuando tenía calificación BB- (grado especulativo y cinco o seis peldaños menos que nuestra calificación actual).

Un fondeo a más largo plazo, aprovechando las favorables condiciones de mercado actuales, hubiese sido mejor. Por ejemplo, Panamá, recientemente emitió un bono a 36 años y por un monto (en relación a su PBI) dos veces y media lo que colocó Perú. Y ayer México emitió en todos los tramos de curva (hasta 31 años), con la mayor demanda de su historia en los tramos medio y largo. Los niveles históricamente bajos de las tasas del Tesoro en EE.UU. combinados con spreads de riesgo país razonables, ofrecen condiciones atractivas que un país con nuestra credibilidad fiscal debe aprovechar.

La tercera, es la aparente decisión de no actualizar las proyecciones económicas (PBI, ingresos, gastos, déficit fiscal, etcétera) hasta fines de agosto. Esto no solo sería algo inédito, sino injustificado en un entorno como el actual, en el que, más que nunca, los agentes económicos, inversionistas y analistas que siguen al Perú requieren conocer las proyecciones oficiales, así tengan un mayor margen de error, para la toma de sus propias decisiones. Este es otro campo donde la transparencia es fundamental.

Tengamos presente que acá opera un efecto “histéresis”. No es crisis ahora y recuperación después. Lo que hagamos ahora determinará no solo cómo saldremos de la crisis, sino también nuestra capacidad de respuesta y credibilidad futuras. Por eso, creemos que el Gobierno debe tomar medidas correctivas.

Debería publicar, como corresponde a los meses de abril (IAPM), las principales proyecciones económicas lo antes posible, lo cual, además, servirá de guía sobre su perspectiva y escenarios de riesgo para la actividad económica y políticas de ingresos, gastos y endeudamiento. También permitirá que explique con claridad cuál será la ruta de convergencia del déficit a mediano plazo, supliendo así el vacío creado por la suspensión de la regla fiscal.

Hace un mes (El Perú ante un reto sin precedentes) señalábamos que, siendo tiempos extraordinarios, era “el momento de usar nuestras fortalezas para que la economía tenga todo el apoyo necesario, pero responsablemente”. Dada la coyuntura, el Gobierno debe adoptar todas las medidas que considere necesarias para enfrentar la crisis. Debe endeudarse y gastar. Pero debe hacerlo bien. Ordenado y con un plan. Tengamos en cuenta que la credibilidad heredada no está garantizada a futuro.