(Foto: Difusión)
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Victoria Santillana, economista principal de la Unidad de Regulación de 
En 2018, la reforma regulatoria financiera aprobada tras la crisis por el G20 y la Junta de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) se daba prácticamente por finalizada y el foco se debía centrar en la implementación de las reformas ya iniciadas. Sin embargo, a lo largo del año han surgido distintas iniciativas que conllevarán nuevos desarrollos legislativos, en su mayoría relacionadas con la implementación del marco de Basilea y con la finalización de dos de los grandes proyectos europeos en curso: la Unión Bancaria y la Unión del Mercado de Capitales.

Además, han emergido líneas de trabajo en otros campos, entre los que cabe citar la reforma de los índices de referencia Euríbor y Eonia, el uso de nuevas tecnologías y la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

A pesar de los esfuerzos realizados por los reguladores para proporcionar enfoques globales de regulación y supervisión, este año se han detectado indicios de que la cooperación y la coordinación a nivel mundial están disminuyendo, existiendo jurisdicciones que permiten aplicaciones más laxas de la regulación (EE. UU.) o más estrictas (como las que se aplican a los bancos extranjeros en algunos países). Estas asimetrías, fruto en parte de la cada vez menor presión que ejerce el efecto de las crisis en la toma de decisiones, constituyen un motivo común de preocupación para las partes implicadas: reguladores, supervisores, la industria de servicios financieros o los usuarios finales.

Europa, por su parte, ha intentado avanzar hacia un mercado financiero más unificado con iniciativas legislativas para completar la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales y el Mercado Único Digital. Los esfuerzos se centraron, con notable éxito, en finalizar la negociación del Paquete Bancario, que incluye la revisión de las medidas prudenciales y las del marco de recuperación y resolución propuestas para reducir y compartir riesgos en la industria bancaria. También se han logrado progresos en el debate del paquete de medidas para el adecuado reconocimiento y valoración de los préstamos dudosos, en el que destacan los dos backstops de provisiones propuestos por el Banco Central Europeo y la Comisión.

Sin embargo, han sido limitados los avances en el ámbito de la Unión Bancaria, sobre la que a nivel europeo solamente se acordó establecer un mecanismo de respaldo común para el Fondo Único de Resolución, a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE); sin alcanzar acuerdos ni lograr avances concretos en el Fondo de Garantía de Depósitos Común (EDIS), que se retrasa hasta junio de 2019. En lo que respecta a completar la Unión de Mercado de Capitales, la Comisión ha avanzado en algunos planes de acción que estaban pendientes, destacando el relativo a las finanzas sostenibles, pero todavía existen muchas otras iniciativas estancadas en el largo y complejo proceso de negociación europeo.

Por último, 2018 ha consolidado la transformación digital del sector financiero como una clara prioridad para las autoridades europeas como muestran los planes de acción de la Comisión y de la Autoridad Bancaria Europea. En paralelo, a nivel global se intensificó el debate regulatorio, incentivando una mayor cooperación internacional en la definición del nuevo marco regulatorio para los servicios financieros digitales.

Es de esperar que 2019 sea un año continuista en lo que respecta a las líneas de trabajo de las autoridades, como anticipan sus planes de acción publicados recientemente. Europa tendrá como objetivo prioritario del primer semestre de 2019 –así lo han anunciado distintos organismos europeos-, finalizar las iniciativas legislativas tendentes a completar la Unión Bancaria, la Unión del Mercado de Capitales y el fortalecimiento de la UEM. Si es posible, esto se debe hacer antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019, puesto que no es descartable que en el siguiente periodo legislativo Europa asuma otras líneas estratégicas.

En definitiva, 2019 será un año de interés en el ámbito de la regulación financiera, que estará marcado por la capacidad de respuesta que exista a nivel global frente al desafío que suponen las iniciativas domésticas, tendentes a una menor regulación y cooperación ante la falta de sensación de urgencia tras la crisis; y a nivel europeo, por el impacto del calendario electoral sobre las distintas iniciativas en curso.