Cambios al ISC: ¿facultad del Ejecutivo o del Congreso?

Una vez más se abre la discusión para que sea facultad ‘exclusiva’ del Congreso, y ya no del Ejecutivo, cambiar y fijar las tasas del ISC. Esto, tras el proyecto de ley presentado por el partido Avanza País (PL N°536) que propone modificar el artículo 61 de la Ley General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

De aprobarse esta iniciativa, a través de una ley, y no de un Decreto Supremo, se modificaría el ISC en base a informes técnicos y legales, lo cual permitiría una mayor discusión del tema, a diferencia de lo que hoy sucede.

Y es que, si el Ejecutivo tuviera una política responsable respecto al selectivo al consumo (haciendo modificaciones en base a informes técnicos) y hubiera usado correctamente esta herramienta, como parte de la delegación que le dio el Tribunal Constitucional (TC) hace unos años, todo estaría bien.

Sin embargo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que -dependiendo del ministro de Economía de turno- con esta autorización que dio el TC y en base a los parámetros establecidos en el artículo 61 de la Ley del IGV e ISC, se modifica este último impuesto constantemente, solo por el hecho de recaudar más.

El ISC se ha convertido en una tentación para el Ejecutivo a fin de recaudar fácil y rápido a los mismos de siempre. Por ello, el Congreso debería definitivamente retomar competencia sobre los bienes o servicios que resultan afectos al selectivo al consumo.

Otro punto importante es que los parámetros que se toman en cuenta para fijar el ISC (considerando la base imponible del sistema específico, que se determina por el volumen vendido o importado expresado en las unidades de medida) son realmente muy amplios. Así, por ejemplo, en el caso de la gasolina, que se mide por galón, el Ejecutivo podría fijar una tasa entre 1% y 140%; mientras que, si se trata de cigarrillos el rango va entre 20% y hasta 300%. Definitivamente, esto no es muy serio porque no se puede otorgar una discrecionalidad tan amplia al Ejecutivo que en el fondo el Congreso termina perdiendo potestad tributaria.

Este es un sistema monofásico, dado que los productores o importadores de estos productos son pocos contribuyentes y, por tanto, fáciles de controlar y de cobrar. Si se mueve el selectivo a la gaseosa, a la cerveza y al combustible es fácil recaudar y, simplemente, cuando hay necesidad de caja este se incrementa.

En todo caso, lo que se debería aplicar es una fórmula equilibrada, donde el Ejecutivo en circunstancias excepcionales tenga alguna injerencia, y dentro de parámetros más razonables.

Sin duda, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se opondrá al proyecto legislativo (PL N°536) pero la decisión finalmente la tendrá el Congreso de la República, y considerando la actual relación ‘tirante’ entre el legislativo y el Ejecutivo lo más probable es que este proyecto termine aprobándose.