Por Eduardo Morón
Presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg)
El Perú tiene dos elementos que deberían funcionar en pagar la atención sanitaria de la pandemia. El primero es la política nacional de Aseguramiento Universal en Salud, que en el papel no deja a nadie sin financiador. Todos los peruanos tenemos un financiador detrás. Inclusive algunos tienen dos. Los principales financiadores son el Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud, y por el lado privado están las EPS y los seguros de salud integrales. Los que tienen EPS también tienen a EsSalud, dado el carácter complementario de las EPS.
El otro elemento es la ley de atención de emergencias sanitarias. Esta ley obliga a cualquier prestador de salud (público o privado) a atender a una persona cuya vida corre peligro inminente sin importar quién es su financiador. Debe estabilizarla y luego, proceder a derivarla (si fuese posible) al prestador que debió atenderlo.
Asimismo, su financiador debería hacerse cargo reconociendo los costos del prestador que la atendió. Para que esto último funcione se necesitaba hacer dos cosas: (1) poner en marcha el intercambio prestacional y (2) extender su ámbito a atenciones que ocurren en el marco de la ley de emergencia. Este segundo punto era importante porque recordemos que en el Perú la lógica de intercambio prestacional solo opera cuando un paciente es referido desde un hospital a una clínica, o viceversa.
El problema que las personas están enfrentando es que no son admitidas en el hospital y por eso van como último recurso a una clínica privada.
El Decreto Legislativo sobre intercambio prestacional se publicó en medio de la pandemia, y no corregía el segundo punto. El mayor problema en realidad fue que nunca se implementó el acuerdo. Lo que resulta increíble es que el Minsa no optara por una solución a la chilena, donde se impone una tarifa social razonable, la cual es obligatoria para todos los prestadores privados. Aquí se prefirió no hacerlo, dejando a muchas familias en una situación doblemente angustiosa. Preocupados por la salud de sus familiares y preocupados por la salud financiera.
“Un punto que marca una enorme diferencia entre Chile y Perú es que el Fonasa (el SIS chileno) paga en 48 horas. Esa certeza de pago permite calidad de atención. En el Perú, los financiadores públicos (SIS y EsSalud) podrían no pagar nunca esas cuentas”.
Eduardo Morón
Las tarifas sociales en Chile tienen copagos diferenciados. Si el paciente es mayor de 60 años no paga nada de su bolsillo. Igual para los que aquí serían SIS subsidiado. Pero si vinieran de EsSalud pagarían un 20% de la tarifa social como copago.
Un punto que marca una enorme diferencia entre Chile y Perú es que el Fonasa (el SIS chileno) paga en 48 horas. Esa certeza de pago permite calidad de atención. En el Perú, los financiadores públicos (SIS y EsSalud) podrían no pagar nunca esas cuentas.
El problema y la solución
Es evidente para todos que la atención sanitaria del covid es una enfermedad de tipo catastrófica, porque en los casos graves requiere una prolongada hospitalización en camas UCI. Esto ha provocado dos tipos de situaciones. El primer caso son pacientes cuyo financiador es el SIS o EsSalud que cuando van a prestadores públicos y no encuentran espacio disponible terminan recurriendo a una clínica privada, donde pueden terminar con una deuda impagable. Si el intercambio prestacional funcionara tal como lo planteamos arriba, el problema desaparece, porque esas atenciones serían pagadas por los respectivos financiadores a las tarifas prefijadas. Ninguna familia tendría que enfrentar la angustia de no saber cómo pagar por las atenciones que podrían salvarle la vida a su familiar.
El segundo caso son pacientes cuyo financiador es privado y puede que los gastos de su atención sobrepasen los límites de sus coberturas. Es cierto que cada familia escogió un determinado nivel de protección financiera, pero en algunos casos esta va a ser insuficiente. Veo dos opciones de salida. Una primera es que el Gobierno se haga cargo de esos gastos catastróficos más allá de un límite muy alto (por ejemplo, 250 mil soles). El otro es simplemente financiar en 10 años esos gastos. En Chile existe una solución similar para el tema de enfermedades catastróficas que podría replicarse. Se llama la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas. En sencillo, pasado un monto, puedes acceder a un crédito y lo pagas en un plazo tan largo que no empobrecerás a nadie. La justificación de esta intervención del Estado radica en que estamos ante un problema de salud pública.
No es tan difícil fijar tarifas razonables. En Chile, las tarifas dependen de si se trata de una cama normal o de cuidados intensivos. Esas tarifas deberían ser las mismas y funcionar de ida y vuelta, porque dadas las prolongadas estadías en cuidados intensivos de los pacientes es muy probable que la capacidad instalada de clínicas y hospitales se vea sobrepasada momentáneamente. Por lo que pacientes con financiador público serán atendidos por prestadores privados y, también, pacientes con financiador privado serán atendidos por prestadores públicos. La solución a este grave y urgente problema es relativamente simple. Que cada quien asuma su responsabilidad y sirvamos a los peruanos como corresponde. Ya vamos a pasar los cien días y el Perú ya perdió la paciencia.