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Hace poco se anunció que los lotes petroleros en Talara, cuyas concesiones expiran en pocos años, pasarán a ser explotados directamente por Petroperú.
Los que respaldan esta propuesta han olvidado por qué el Estado peruano, durante las últimas tres décadas, ha optado por promover la inversión privada en recursos naturales a través de concesiones: el Estado no tiene los recursos ni el know-how necesarios para realizar estas inversiones de manera eficiente.
Las concesiones otorgadas permitieron que crezcamos exponencialmente en materia de producción minera y gasífera, interconexión vial y de telecomunicaciones, transmisión eléctrica, se expandiese significativamente el acceso al gas natural en hogares; y que modernicemos nuestra infraestructura portuaria y aeroportuaria, mejorando nuestra conectividad e integración al mundo, entre otros logros. El proceso no estuvo libre de problemas, pero fuimos aprendiendo en el camino y aún quedan varios temas por resolver.
El caso de los lotes petroleros que revertirán al Estado tras tres décadas en manos privadas es útil para poner el reflector en algunos problemas que subsisten en nuestro marco normativo de concesiones. Centrémonos por ahora en el plazo de las concesiones.
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Óptimamente, los flujos de inversión deberían materializarse a lo largo de la vida de las concesiones; sin embargo, resulta difícil recuperar las inversiones de los últimos años del plazo de la concesión. Si no se introduce un mecanismo contractual que mitigue este problema, el resultado es fácilmente anticipable: hacia el final de la concesión, la inversión decaerá hasta paralizarse.
Para enfrentar este problema en las concesiones de transmisión eléctrica y de distribución de gas natural, los concesionarios pueden seguir haciendo inversiones hasta el final, pues los contratos le aseguran un rendimiento determinado sobre las inversiones acordadas con el Estado.
En la medida que el retorno asegurado sea mayor que el costo del capital del inversionista, este se ve incentivado a seguir invirtiendo. Si el concesionario pierde el derecho a la concesión antes de recuperar su capital a través del pago de las anualidades acordadas, entonces el Estado le paga el valor presente del flujo comprometido aún no pagado. Simple y transparente, se elimina el riesgo y se fomenta la inversión hasta el final del plazo de la concesión.
Esto no sucede en todos los sectores. En el sector petrolero, perforar un pozo de desarrollo en la selva puede costar US$ 15 millones y su vida útil puede ser superior a los 20 años. Pero también hay pozos que resultan ser inversiones fallidas, sobre todo los pozos exploratorios, cuyo costo puede superar los US$ 50 millones.
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Miremos a los lotes que ahora explotará el Estado: ¿desde hace cuántos años que los privados no perforaron nuevos pozos en los lotes de Talara? Esto refleja sobre todo un marco legal que desalienta la inversión cuando la concesión está cercana a caducar.
En la actualidad, las concesiones petroleras se otorgan por un plazo máximo de 30 años, que incluyen 7 años de exploración y solo 23 años de explotación, menor a las de muchas de infraestructura y obviamente a las mineras que son hasta el fin de su vida económica.
El objetivo de otorgar concesiones es promover la inversión, pero a veces creamos incentivos perversos que atentan contra este. Las concesiones petroleras que se planea entregar a Petroperú es un caso extremo de esto.
Se otorga la gestión de una actividad riesgosa y que requiere capital a una empresa sobreendeudada y que hace más de 25 años que dejó de explotar lotes petroleros. ¿Así vamos a fomentar la inversión en petróleo? ¿Qué podemos esperar de la actividad petrolera en la selva, cuando a las concesiones les empiece a quedar poco tiempo de vigencia?
Otro ejemplo es el caso de las concesiones portuarias. A diferencia de lo que ocurre con el resto de concesiones de infraestructura, que tienen un plazo máximo de 60 años, la ley de puertos restringe este plazo a solo 30, muy por debajo de los plazos vigentes en los marcos legales de los países latinoamericanos con los que competimos por inversión.
En la práctica, esto genera que el horizonte de las inversiones se limite a los primeros 20 años de concesión y que, durante los últimos años, estas prácticamente desaparezcan con los consecuentes efectos negativos sobre la competitividad de nuestra economía.
En el caso de las concesiones de aeropuertos, para algunos de estos –como el de Arequipa y el de Juliaca– se verifica que las proyecciones de demanda hechas por ProInversión quedaron muy cortas, por lo que es necesario ejecutar mayores inversiones que las previstas. Sin embargo, los contratos de concesión no permiten incluirlas con una solución que mantenga el balance de riesgos adecuado para todas las partes.
Así, es primordial adecuar nuestro marco normativo de concesiones para que responda a su objetivo: promover la inversión privada y dinamizar nuestra economía para generar más ingresos y más trabajo para los peruanos.
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