Por J.J. Marthans León, Economista
Primero, es obvio e incuestionable que nuestro Régimen Económico de nuestro marco constitucional vigente generó las condiciones que explican el progreso de los últimos años, es cierto que el candado que se impuso al BCR para evitar que financie al erario, que el trato no discriminatorio a la inversión extranjera, que el rol subsidiarios del Estado y la eliminación de controles obsoletos, constituyeron elementos cuyo aporte debe destacarse y defenderse siempre.
Segundo, es cierto también que el marco legal en materia económica no siempre ha seguido la direccionalidad y mandato constitucional. Esto es así porque el Estado, su marco legal y regulatorio, no han sido siempre lo suficientemente idóneos como para, por ejemplo, proteger a los usuarios y consumidores; tampoco lo ha sido para, en ciertos casos, para “fortalecer y vigilar la libre competencia”.
Tercero, debemos estar claros que el Estado requiere de una reingeniería integral urgente. Es deficiente en todos sus frentes: estructura organizacional, dimensión, capacidad de gestión, rendimiento de cuentas y transparencia. En contraste, nuestro marco constitucional presume, erróneamente, que este Estado es eficiente y se le encarga la solución de problemas de salud, seguridad, educación, justicia que no afrontará nunca bien si, en parte, la Constitución no hace un requerimiento expreso a la reversión de sus limitaciones. Hacer economía con la actual calidad de Estado actual es un doble problema.
Cuarto, estamos claros que, a diferencia del Régimen Económico, en materia política nuestra Constitución ha demostrado ser muy imprecisa y no ha previsto acciones concretas para enfrentar escenarios donde la corrupción en las instituciones es una limitación mayor. Es más, debemos aceptar que deja espacios para que el libre criterio e interpretación sea una permanente puerta abierta para que la corrupción gane terreno. ¿Se puede hacer economía en dicho escenario?
Quinto, no debemos perder de vista la reciente y lamentable experiencia chilena. Aunque Perú se diferencia por su reciente lucha contra la corrupción, la menor desigualdad relativa y la presencia de la “válvula de escape” derivado de la informalidad, las carencias poblacionales e inadecuados tratos en materia de salud, educación, justicia, pensiones debe llevarnos a una sana reflexión. No basta con anunciar reformas estructurales, si se hacen deben hacerse bien. La desigualdad tiene un límite.
Sexto, es cierto que cada cinco años nuestros empresarios se preocupan por la posibilidad que un desatinado destruya todo lo avanzado. Eso significa que, en el fondo, ellos mismos no hicieron lo suficiente para contribuir a empujar las reformas que hagan sostenible nuestro éxito macroeconómico, poco hicieron para exigir el cumplimiento de una “hoja de ruta” que aún no disponemos, poco hicieron para mostrar buenas prácticas en la generación de ecosistemas empresariales donde el bienestar sea mayor para todos los partícipes del proceso de generación de riqueza.
Séptimo, una modificación el Titulo III “Régimen Económico” sería riesgosa. Sin duda. Generaría un ambiente de incertidumbre que sí dañaría nuestra imagen internacional y nuestros logros. Cualquier delincuente disfrazado de salvador y amparado en la demagogia podría disponer de apoyo electoral coyuntural para llevarnos a prácticas propias de los años 80. En este caso lo más sensato es que la Constitución defina responsabilidades en los gobiernos y parlamentos de turno en caso no se legisle adecuadamente su mandato.
Octavo, en contraste el Título IV sobre la “Estructura del Estado” si dispone de margen para ser revisado sustancialmente para evitar se vuelva a generar la actual coyuntura política asociada al ruido, ineficiencia y corrupción. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria sin acotaciones es una provocación a favor de los malos manejos; de otro lado, la inexistencia de la renovación del parlamento por tercios es un llamado a la posibilidad de incumplimiento de promesas electorales, sin castigo; la ausencia de bicameralidad genera normativas no siempre adecuadamente maduras.
Noveno, debemos aceptar también que la institucionalidad está, hoy en día, inadecuadamente tratada en nuestra Carta Magna. Los peruanos sólo disponemos, en muchos casos, de una institucionalidad figurativa. Tenemos jueces, pero no justicia; políticos, pero no partidos; policías, pero no seguridad; colegios, pero no educación. No existen políticas de Estado y las de Gobierno son carentes de continuidad e idoneidad. Nuestra Constitución debe propiciar consensos, fomentar visión de futuro, exigir accountability, generando mandatos explícitos en materia de una mejor y más moderna institucionalidad.
Decimo, propiciar la no modificación del Régimen Político sería un desatino. La actual Constitución tiene su origen en prácticas inconstitucionales y la violación misma de nuestra anterior Constitución. Opinar lo contrario sería solo contentar los oídos de lo más oscuro de nuestra política. Es posible que en el momento actual, en América Latina, seamos testigos de más de una reforma constitucional. Tenemos la oportunidad de ser un ejemplo o una desilusión.