Contrataciones públicas transparentes

Un tercio de las contrataciones públicas en el Estado se realizan al margen de la Ley de Contrataciones , es decir, son contrataciones iguales o menores a las 8 UIT, que por definición no tienen competencia, pluralidad de postores, transparencia y publicidad y que, bajo la lógica de mayor agilidad, omiten esos requisitos.

Tomemos como referencia el tamaño de las compras públicas menores a 8 UIT (36 mil 800 soles) sobre la base de lo acontecido en el año 2021. El Producto Bruto Interno (PBI), es decir el valor total de los bienes y servicios finales que se produjeron en nuestra economía en el año 2021, ascendió a 866 mil millones de soles, la tercera parte de eso corresponde a las operaciones estatales.

Dichas operaciones se dividen por agregados fiscales institucionales. A nivel del Gobierno general (es decir, sin contar las empresas públicas y las entidades del sector público financiero), y según los registros del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se gastaron casi 200 mil millones de soles. Es decir, el 23% del PBI se concentra en lo que en conjunto hacen las entidades de los Gobiernos nacional, regional y local, que conforman el Gobierno general.

La cuarta parte del gasto del Gobierno general se da en la adquisición de bienes y servicios por parte de 2,069 pliegos presupuestarios a nivel nacional. Esto es, 48 mil 751 millones de soles.

Eso parece razonable. Lo que sorprende es que las modalidades de contratación, establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, solo explican, en términos de monto ejecutado, el 44% de las contrataciones públicas.

El 18% se hace bajo procedimientos especiales y el 7% son contrataciones directas, en tanto que las compras menores de 8 UITs ejecutaron 14 mil 550 millones de soles, o sea el 30% del total de contrataciones públicas en el Perú.

Es decir, casi el mismo volumen de lo que se contrata a través de las modalidades tradicionales de contratación, se contrata también de manera libre con altos niveles de discrecionalidad en compras menores de 8 UIT y con contrataciones directas.

Es evidente que urge modernizar el sistema de contratación pública, para hacerlo más transparente y eficiente para que realmente sirva a fin de atender las necesidades más urgentes de la población.

En este escenario, no debe sorprendernos entonces la pérdida patrimonial global estimada por la Contraloría General debido a problemas de corrupción e inconducta funcional: de cada 100 soles del presupuesto público que se gastaron en el 2021 en bienes y servicios, se perdieron 13 soles, y en el caso de las inversiones se perdieron 15 soles.

Parece que las contrataciones de menos de 8 UITs sirven en la práctica para sacarle la vuelta a la ley y ceder en la lucha contra la corrupción.

Si queremos mejorar las contrataciones en el Estado y lograr compras públicas más transparentes y eficientes, es urgente controlar mejor esta forma de contratación, empezando precisamente por discutir si vale la pena que el umbral de 8 UITs siga aumentando en lugar de reducirlo, y más bien que se aplique de manera diferenciada entre niveles de gobierno o tipo de entidades.

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