Palacio de Justicia  (Foto: Andina)
Palacio de Justicia (Foto: Andina)

En los últimos días hemos sido testigos de una andanada de audios que, como capítulos de una telenovela, han ido desnudando una historia de coordinaciones bajo la mesa, actos inmorales y presuntos actos de corrupción entre magistrados (del más alto rango) del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y más recientemente, el Ministerio Público.

Lo cierto es que estos audios no han puesto al descubierto algo que la población o los litigantes desconocían. Más bien han evidenciado (a través del escándalo) uno de los grandes cánceres que sufre nuestro sistema judicial (reflejo de nuestra sociedad): La corrupción. Cierto es también que no se puede generalizar y sostener como algunos radicales pregonan que todos deben irse. Hay también muchos magistrados y personal jurisdiccional que son probos y muy capaces, y que logran sobrevivir en un sistema que tiene aún a la corrupción como uno de sus motores, pero es innegable (y ahora altamente visible) que la corrupción tiene un nivel de penetración muy alto en nuestro sistema de justicia y que llega a los más altos niveles de las cortes del Perú.

Lo bueno de todo esto es que toda crisis trae consigo una oportunidad. Tenemos ahora como sociedad la gran oportunidad de empezar un cambio tantas veces postergado. Este no ha sido el primer escándalo de corrupción del sistema de justicia y casi con seguridad no será el último, pero tenemos la obligación de aprovechar esta oportunidad y forzar una reforma seria, en la que se logre extirpar a los malos elementos del sistema de justicia y se castigue ejemplarmente a quienes luego de un proceso transparente y con todas las garantías se demuestre han delinquido en el ejercicio de su función pública.

Esta reforma, debe de incluir una evaluación a fondo del desempeño de los magistrados, brindarles capacitación si es necesario y luego sacar del sistema a quienes no tengan un desempeño óptimo.

Es necesario exigir criterios de especialidad en la designación de magistrados. No es razonable que un juez pueda pasar de ser juez civil, penal, comercial y laboral en sólo unos cuantos años. Quienes litigan conocen bien que son mundos muy distintos que requieren competencias distintitas.

Es imperiosa una refundación de la OCMA para que sea realmente un organismo de control autónomo. Esta debería de tener una línea de carrera propia, para que el magistrado que se dedique a labores de control lo haga desde el inicio hasta el fin de su carrera y no como es actualmente en que un magistrado puede ser jefe de la OCMA un año y al siguiente ejercer de vocal en lo civil o penal. Si esto no cambia, seguiremos viendo con frecuencia casos en los que la famosa frase de “otorongo no como otorongo” se aplica nefastamente.

Mención aparte merece la profunda reforma a la que debe de someterse el Consejo Nacional de la Magistratura. Una entidad en gran parte responsable de la actual crisis judicial (ya que nombre a los magistrados) y que se encuentra desde hace buen tiempo absolutamente desprestigiada. Aunque en este caso pareciera que sí se va a aplicar la frase “que se vayan todos”, hay que ser conscientes que el problema va más allá de las personas que lo integran (que sin duda en la coyuntura actual son un problema por sí mismos). Se requiere una reformulación de este Organismo Constitucional, al que sólo deberían de poder acceder personas de altísima calidad moral y profesional, ya que con ellos empieza o bien la solución o el problema.
No debemos de perder de vista que una sociedad sin un sistema de justicia respetado y predecible está condenada al subdesarrollo. Tenemos hoy ante nosotros una gran oportunidad que como sociedad no podemos dejar pasar. ¡Aprovechémosla!

Por José Luis Velarde
Socio del Estudio Olaechea