Foto: Hugo Curotto / @photo.gec
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1. El 4 de diciembre, producto de las protestas relacionadas al agro moderno, el Congreso de la República derogó, apresuradamente, el régimen promocional que beneficiaba a la actividad agroexportadora. En vez de perfeccionar un régimen que había beneficiado a cientos de empresas y generado cientos de miles de puestos de trabajo formal en el agro moderno, en zonas rurales y a personas con poca o nula educación, se optó por eliminarlo. Es más, el Congreso se autoimpuso un plazo perentorio para legislar sobre la materia –15 días– y ahora se siente prisionero de sí mismo y se alista a aprobar una nueva ley en los próximos tres días.

2. Así, el Legislativo no solo se habría apresurado para derogar una ley que regía la actividad de cerca de un millón de trabajadores, sin haber identificado y diseñado una mejor opción, sino que ahora se apresura para aprobar una nueva ley que afectará el bienestar de este importante segmento de la población y sector de la economía. Tal vez es un buen momento para respirar profundamente, pensar y actuar con racionalidad.

3. Los diferentes borradores del proyecto de ley que han sido elaborados por la Comisión de Agricultura del Congreso incluyen medidas que no solo pondrían fin al boom agroexportador más importante de nuestra historia, sino que empujarían a cientos de miles de trabajadores a la informalidad. Como bien sabemos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No pongo en duda las buenas intenciones de muchos de los legisladores, como tampoco dudo de que una norma de este tipo truncaría muchos de los sueños de las familias de los trabajadores que laboran en el campo.

4. El último proyecto de norma busca mejorar los ingresos de los trabajadores mediante una ley que choca abiertamente con la ley de la oferta y la demanda. Pareciera que nuestros bien intencionados legisladores consideran que sus leyes son más fuertes que la ley básica del mercado. Se olvidan que en un país donde prima la libertad de empresa, no se puede obligar a contratar y pagar a trabajadores un salario que está por encima del valor de su productividad. La razón es simple: pagarle a un trabajador más de lo que genera, causa pérdidas a la empresa, por lo que esta dejará de realizar las actividades que –producto de la norma– dejarán de ser rentables.

5. El Articulo No. 3 del referido proyecto de ley decreta –entre otras cosas– que se otorgue una bonificación especial por “el tiempo de traslado” que equivale al 25% de la RMV, a lo cual se añade una extraña fórmula para calcular la remuneración diaria (que se paga los 30 días del mes, pero se calcula como si el mes tuviese solo 25 días), otorgándose así un aumento adicional del 20%. El proyecto de norma incrementaría el costo laboral en cerca de 50%.

6. A fin de ilustrar las consecuencias de esto, partamos de que la mano de obra representa el 50% del costo de producción. Los espárragos, alcachofas y pimientos, que empezaron el boom exportador, cuyos márgenes oscilan hoy entre 10% y 12% pasarían automáticamente a -13%. Al arándano, la más reciente estrella del portafolio, el incremento lo dejaría en punto de equilibrio. En el caso de los frutales (paltas, mandarinas), que utilizan menos mano de obra, el golpe sería menor, pero reduciría mucho el retorno de futuros proyectos. En resumen, estaríamos condenando al boom agroexportador y a más de un millón de puestos de trabajo formal a desaparecer.

Protejamos a nuestros trabajadores, cuidemos a nuestras empresas formales, fomentemos la inversión. ¡No caigamos en el agropopulismo!


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