Víctimas de la incompetencia

La presencia del Estado como contraparte del contrato social es fundamental. Dejando de lado los aspectos dogmáticos que fragmentan el debate, los consensos son claros respecto a su necesario rol para ayudar a hacer más eficientes los resultados como sociedad, minimizando las denominadas “fallas de mercado”. Bajo este contexto es que se considera clave su actuación -directa o indirectamente- en funciones tales como impartir justicia, orden público, estabilidad económica, salud pública y educación. Esto, lejos de ser solo una aproximación conceptual, se manifiesta permanentemente en el centro de las prioridades de la población; y, de hecho, la reciente encuesta publicada por Ipsos debería servir para recordarle al actual gobierno que, en lugar de estar obsesionado con el cambio de la Constitución, escuche a su pueblo.

Preguntada la población sobre cuáles son los aspectos que debería priorizar el gobierno de Pedro Castillo, el 43% respondió que la principal problemática es el de la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana, mientras el 42% indicaba que era la corrupción. La lista continuaba con un 33% que daba mayor peso a la generación de empleo y reactivación; un 25% a la reducción de la pobreza; mientras otro 25% subrayaba los problemas de la inflación. Solo al final, con un reducido 7%, los encuestados mencionaban a la Asamblea Constituyente. Si uno creyera que estos resultados son solo una foto del momento, basta contrastar con encuestas pasadas para darse cuenta de que esto no es así. La misma encuestadora en un informe anterior indicaba que todo esto son demandas recurrentes por parte de los peruanos, durante al menos la última década. Es cierto que este es un tema desatendido largamente por nuestros líderes políticos, pero nunca hasta ahora, se había observado un elevado desprecio por parte de un gobernante ante estas urgencias, y más aún, queriendo construir una falsa narrativa que pretende convencernos de que cambiar la Constitución es la panacea.

Pero no es solo este cuento de la Asamblea Constituyente, desviado de las prioridades reales, el que nos tiene atrapados. Como una confirmación de que hay un desinterés absoluto por fortalecer la eficiencia del Estado, este gobierno ha desplegado una estrategia de expulsión de los mejores cuadros para reemplazarlos con personas que no cumplen los mínimos requisitos profesionales ni éticos. En el Informe de Competitividad del 2022 del Consejo Privado de Competitividad (CPC) se evidenciaba el hecho que el 20,0% de las designaciones del actual gobierno no cumplían con el perfil, mientras que el 68,3% tenía cuestionamientos morales y/o penales. También indicaba el CPC que a diferencia del período 2016-2021, en el que se presentaban 0,8 cambios mensuales de directores generales en promedio, ahora con el presidente Castillo, las rotaciones mensuales se han casi triplicado, registrándose 2,3 cambios. La combinación de personas con limitadas capacidades profesionales y morales junto con la elevada rotación que impide siquiera una mínima planificación coloca a todos los peruanos como víctimas de la incapacidad de este gobierno.

El CPC plantea un conjunto de propuestas para mejorar la eficiencia del sector público. El mal desempeño del sector público es clamoroso desde hace bastante tiempo, a pesar de serios esfuerzos que han ido quedándose rezagados y bloqueados, como la Ley del Servicio Civil. Sin embargo, la presencia de islas de excelencia como las del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, impulsada en los noventa, son prueba de que se puede avanzar en la necesaria vía meritocrática. Y desde aquí partiría la piedra angular para avanzar hacia un sector público más eficiente, siendo clave impulsar una política de contratación en base a méritos profesionales que anteponga los intereses ciudadanos a los de los funcionarios, que prevenga la corrupción y que esté orientada a la provisión eficiente de servicios públicos de calidad.

Para ello, es necesario desarrollar con urgencia un marco normativo que permita mejorar el nivel de los profesionales en el Estado, que incorpore los requisitos mínimos para los puestos de ministros y viceministros de Estado, que se impidan nombramientos y ascensos automáticos, que se trabaje en modificar la Ley de Servicio Civil de acuerdo a las decisiones recientes del Tribunal Constitucional preservando lo avanzado en la designación de personal por concurso; y, profundizar los mecanismos de transparencia sobre el cumplimiento del perfil requerido del personal. Sabiendo además que esto es una tarea titánica, será necesario priorizar el camino avanzando con más islas de excelencia, donde el foco debería estar en mejorar la deplorable situación del sector salud y en el fortalecimiento de recursos humanos que permitan dar soporte al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). ¿Tendrá ganas el gobierno de Pedro Castillo para hacer todo esto? Viendo el guion que se encuentra siguiendo hasta ahora, pareciera que no.