MESA DIRECTIVA. Por meses, diversos analistas plantearon que lo que se veía en varias de las votaciones del actual Congreso –como la del defensor del Pueblo, la reforma de la Sunedu o la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional– no era otra cosa que una alianza ‘fujicerronista’. Evidentemente, no una que haya resultado de una negociación formal con contraprestaciones claras y precisas, sino más una alianza tácita que se manifestaba en votaciones concretas y que sugiere que, al menos en varios temas cruciales, la distancia ideológica que separaría a las dos fuerzas que se enfrentaron en la segunda vuelta del 2021 (y a sus aliados) no sería tan grande.

Pues bien, tras la elección de ayer de la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2023-2024, ha quedado más claro que nunca que esta alianza sí existe en los hechos. Como puede revisar con más detalle en nuestro informe al respecto (ver página 20), la lista que resultó ganadora fue nada más y nada menos que una presidida por Alejandro Soto Reyes (APP), pero que tiene como primer vicepresidente al fujimorista Hernando Guerra García y, como segundo vicepresidente, al perulibrista Waldemar Cerrón. Una decisión que ha sido criticada por personajes tan diversos como Pedro Cateriano, Fernán Altuve, Rosa María Palacios y Jorge Montoya.

¿Qué ideales u objetivos son los que han unido a estos dos bandos tanto en las votaciones previas como en lo ocurrido ayer? Más allá de algunas posturas conservadoras, su crítica a la Sunedu y su firme oposición a los ‘caviares’ no parecen existir en el papel demasiadas coincidencias programáticas. Perú Libre postuló con un plan de gobierno que defendía el modelo castrista y chavista, mientras que Fuerza Popular aseguró varias veces en aquella segunda vuelta que su rol era salvar al país ‘del comunismo’. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿O es que perciben a la amenaza ‘caviar’ como un enemigo mayor?

Sea cual fuere el motivo de fondo, sin duda debe tratarse de algo demasiado importante para ambos bandos, al punto en que les ha parecido aceptable nombrar como figura de consenso para presidir el Legislativo a un político sin mayor experiencia, que se hizo conocido por entrevistarse a sí mismo y que hasta diciembre pasado tenía 17 carpetas fiscales abiertas por diversos delitos.

Con todo esto, lejos de dar un paso por calmar la situación política y despejar la crisis, el Congreso ha dado otro paso en la dirección opuesta. No parecen notar que, mientras sigamos avanzando por ese camino, el riesgo de terminar en un escenario como el de Chile en 2019 solo seguirá creciendo.