Editorial: Se necesita un plan B

AJUSTE NECESARIO. El "efecto Odebrecht" está causando más estragos que los huaicos que todos los veranos nos sorprenden desprevenidos. No nos referimos solamente a los involucrados en el pago de sobornos de la empresa brasileña –incluyendo un primer "pez gordo"–, que está poniendo de cabeza el panorama político, sino también a las repercusiones económicas. Es que la suspensión de obras que Odebrecht tenía a su cargo implicará una reducción del crecimiento del PBI, pues se trata de megaproyectos como el gasoducto del sur.

Justo ayer, la calificadora de riesgo Moody's redujo de 4.5% a 3.7% su proyección de crecimiento del PBI de este año, debido a las consecuencias directas e indirectas del citado efecto. Si bien el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, se adelantó a la agencia, pues a fines de enero anunció que el PBI se expandiría un punto porcentual menos de lo proyectado previamente, el Gobierno no parece estar preparado para enfrentar la corrupción desde el punto de vista económico, más allá del caso Odebrecht.

De hecho, parece que ni siquiera estaba listo para responder a crisis previsibles como los huaicos, como evidencian las declaraciones al respecto del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala: "Definitivamente no estábamos preparados como país para este tipo de cosas". Quizás no se tomó en cuenta que estos desastres ocurren todos los años y que generan costos económicos enormes.

Volviendo a la corrupción, los destapes que seguramente seguirán apareciendo comenzarán a calar negativamente en el ánimo de la opinión pública y la desazón, que ya se percibe, se incrementará. No queremos apelar a las profecías autocumplidas, pero es claro que los índices de confianza empresarial y del consumidor –más allá de las críticas del ministro Thorne, que cuestiona la metodología empleada en ellas–, indican que el optimismo se está desvaneciendo. Y sin confianza en las perspectivas económicas del país, las empresas no invertirán y los consumidores no gastarán.

¿Qué salida podría tener el Gobierno? El plan B tendría que tener en cuenta la correlación existente entre la corrupción y la percepción que el público tiene del trabajo que realiza el Estado para combatirla. Según la encuesta Pulso Perú, el 56% opina que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no está liderando esa lucha. A esto hay que sumar la constante caída de la aprobación de PPK, que por segundo mes consecutivo se ubica por debajo de su desaprobación (41% versus 53%). Y esta percepción de desgaste se extiende al Gabinete: la aprobación de los diez ministros incluidos en la encuesta está a la baja. Por tanto, se necesita un shock de confianza, pues las cifras actuales no son alentadoras. Según las nuevas proyecciones del BBVA, el consumo privado crecería apenas 3% mientras que la inversión privada no superaría el 1.5% y la actividad comercial llegaría solo a 1.7%; y si bien la Cámara de Comercio de Lima es un poco más optimista, sus nuevas proyecciones también han sido a la baja.

Todo esto implica necesariamente hacer cambios en el Gabinete, aunque esa solución no sea del agrado del presidente. Urge contar con ministros que no solo sean técnicos que posean buen manejo político, sino que también sean excelentes comunicadores, y que sus apariciones en público respondan a un plan de acción bien estructurado. Por supuesto, también tendrán que mostrar avances; ya han pasado seis meses y la sensación de parálisis es inquietante.

También se requiere que el MEF replantee su estrategia de corto plazo. No se trata de abandonar los planes de mediano y largo plazo –como la simplificación administrativa o el incremento de la formalización– que se deben mantener, sino de establecer metas que sean perceptibles para los agentes económicos, tanto para las empresas como para los consumidores. Esto implica reconocer que el destrabe de los megaproyectos no ha tenido el éxito esperado y más bien el Gobierno se ha visto envuelto en marchas y contramarchas, como lo sucedido con la concesión del aeropuerto de Chinchero. Por eso, un requisito indispensable en los procesos que este año llevará ProInversión es que haya más de un postor, que los contratos no dejen dudas y que los postores sean de primer nivel.

Asimismo, el MEF necesita hacer un seguimiento más estricto de la inversión pública y ejecutarla a mayor ritmo. Tal como ya lo pidió el presidente al exigir meterle "látigo al burro" (Gestión 26.01.2017). Lógicamente, también tendrá que hacerse de manera más ordenada: el hecho de que el último día de enero la ejecución de obras haya revertido su resultado, de negativo a positivo, genera suspicacias, sobre todo considerando el ambiente de incredulidad imperante.

Un dato interesante de la encuesta es que el 85% está a favor de luchar contra la corrupción, aunque ello implique un menor crecimiento de la economía. El Gobierno podría utilizar este argumento como una idea fuerza en su estrategia de comunicación, para posicionar la lucha contra la corrupción como su primera prioridad. Lo malo es que hasta ahora ha demostrado que la capacidad de reacción no es uno de sus fuertes.