Editorial: La ruta anticorrupción del Estado

CASO LAVA JATO. El presidente Kuczynski dijo hace unos días que la empresa Odebrecht (Odb) debía irse del país. Días después, la ministra de Justicia reveló que para lograrlo el Ejecutivo está trabajando una hoja de ruta, pero haciendo hincapié en que buscarán no afectar los proyectos vigentes que ahora tiene dicha empresa.

Esta afirmación pretende mostrar que el Ejecutivo está alerta en el tema anticorrupción, sin embargo, esa ruta no se presenta tan fácil. Primero, porque la investigación de la comisión Lava Jato no incluye solo a la empresa Odb sino que están en la lista las compañías Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, UTC Engenharia, OAS, y Queiroz Galvao. En ese sentido, la estrategia deberá incluir también la situación de los proyectos manejados por todas estas empresas, no solo Odb, y en la solución deberían considerarse las implicancias jurídicas.

En segundo lugar, porque varios funcionarios del Estado posiblemente sean citados en las próximas semanas al Congreso por la comisión Lava Jato y por tanto, si el Ejecutivo no elabora rápidamente su hoja de ruta, quedará a los vaivenes de las investigaciones.

La situación se vuelve compleja si se tiene en cuenta que hay una corriente de opinión que asume que basta que se haya tenido una relación contractual (negocios, asesorías, servicios, etcétera) con las empresas cuestionadas para que inmediatamente cualquier persona o empresa se convierta en sospechosa.

En ese sentido, contar con una estrategia anticorrupción clara no debe ser solo una exigencia del Gobierno, sino también del Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial. La labor de todos ellos deberá ser separar la paja del trigo y luego sancionar a quienes efectivamente hayan cometido delitos.

Además, la Fiscalía tendrá que ser muy cuidadosa para que los investigados no usen maniobras dilatorias ni se excusen en temas formales para evadir su responsabilidad, y eso pasa también por, en su momento, tipificar adecuadamente los delitos por los cuales hará las denuncias, así como actuar con pulcritud y siguiendo todos los pasos necesarios para no afectar el debido proceso.

Con la finalidad de mantener los cuidados necesarios, es importante que, siguiendo la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad, no solo los ministros sino todos los altos funcionarios, sus asesores directos y quienes ocupan cargos de confianza presenten ante su entidad una Declaración Jurada de Intereses y la hagan pública. Esto debe incluir también al Poder Judicial y Fiscalía, pues si algún miembro de estas instancias ha tenido relación con las empresas investigadas sería mejor que se inhibiera en este momento para evitar las suspicacias y problemas futuros.

Lo que debe quedar claro es que en el Perú el crimen no paga, y si en el pasado hubo impunidad, esa situación no puede repetirse.