"A pesar de que el tiempo apremiaba, el MEF habría estado esperanzado en que la Comisión Permanente del Congreso ampliara la exoneración, pero eso no ocurrió, de modo que su descuido puso fin al beneficio tributario". (Foto: GEC)
"A pesar de que el tiempo apremiaba, el MEF habría estado esperanzado en que la Comisión Permanente del Congreso ampliara la exoneración, pero eso no ocurrió, de modo que su descuido puso fin al beneficio tributario". (Foto: GEC)

A partir de este año, las ganancias de capital obtenidas en la por personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, están sujetas al pago del Impuesto a la Renta (tasa de 5%). La noticia cogió por sorpresa el mercado bursátil, pues se esperaba que el y el se pusieran de acuerdo para extender la exoneración, como había ocurrido en años anteriores. Dicho beneficio tributario databa del 2016, aunque el 2023 venció para inversionistas institucionales.

Pero a mediados de diciembre, el dio señales de su desinterés: el Pleno decidió devolver a la Comisión de Economía el proyecto de ley, elaborado por la bancada de Fuerza Popular, ya que no contaba con un informe del MEF, que según advirtieron algunos parlamentarios, debe emitir opinión en propuestas legislativas sobre política fiscal. El Congreso parece ser selectivo con ese requisito, pues en muchas otras ocasiones no ha sido así de estricto, por ejemplo, cuando aprueba aumentos remunerativos para servidores públicos.

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A pesar de que el tiempo apremiaba, el MEF habría estado esperanzado en que la Comisión Permanente del Congreso ampliara la exoneración, pero eso no ocurrió, de modo que su descuido puso fin al beneficio tributario. Este es un caso patente de la pérdida de peso político del MEF, que no contaría con funcionarios experimentados para coordinar, con congresistas, iniciativas legislativas sobre política económica –o evitar que se apruebe tanto despropósito que erosiona las alicaídas arcas fiscales–. Por cierto, la necesidad de apuntalar la recaudación tributaria no habría sido motivo del descuido del MEF.

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Un argumento esgrimido por los detractores de la exoneración (entre ellos el FMI) es que no logró impulsar el monto de las negociaciones en la BVL, las que se redujeron de US$ 35.6 millones diarios el 2017 a US$ 8.61 millones el 2023, pero las causas de ese encogimiento serían otras, como el reducido número de emisoras –las empresas peruanas son reacias a divulgar información, que es requisito básico para listar en bolsa–. Lo que sí hubo fue un aumento en el número de personas naturales que invierten en la BVL (los llamados “minoristas”), que pasó de 191 mil el 2015 a 237 mil el 2023. Ese crecimiento, que fue sostenido durante dicho periodo, podría verse afectado por el gravamen, pues la BVL perderá atractivo frente a bolsas de la región, que sí aplican exoneraciones tributarias. Si el objetivo principal de la exención era atraer inversionistas minoristas, dejar que expire fue un error.

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