(Foto: GEC)
(Foto: GEC)

Junto con el Plan Nacional de Infraestructura, el 28 de julio el Gobierno publicó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que fue elaborado a partir de la política del mismo nombre, hecha pública en diciembre pasado y que recibió críticas porque no contenía medidas concretas sino una lista de buenas intenciones. Esta vez el plan está más “aterrizado” y sí presenta medidas de política para sus nueve objetivos prioritarios (84 en total), así como “hitos temporales”.

El primer hito abarca hasta julio del 2020, lo que significa que la materialización de las medidas consideradas para el corto plazo será responsabilidad del Gobierno de Vizcarra. El segundo hito concluye en julio del 2021, cuando se celebre el Bicentenario, y si se aprueba el adelanto de elecciones, su ejecución correrá por cuenta del nuevo Gobierno, que también tendrá que hacerse cargo de mantener en cartera el tercero y cuarto hitos, que correrán hasta julio del 2025 y del 2030, respectivamente.

Por ejemplo, entre las obras que deberá cumplir el actual Gobierno figura, dentro del objetivo prioritario N° 9 (OP9, Sostenibilidad ambiental) la construcción de diez plantas de valorización de residuos en igual número de departamentos y de once rellenos sanitarios, en diez departamentos. Pero no todo será tarea del Poder Ejecutivo, pues también hay obligaciones para otras instancias del Estado. Es el caso del Poder Judicial dentro del OP8 (Institucionalidad), que en noviembre deberá tener lista la regulación del expediente judicial electrónico (EJE), que para el 2025 tendrá que estar operativo en el 50% de distritos judiciales, y,para el 2030 en el 100%.

En el OP2 (Capital humano), el plan se propone atraer talento docente a la carrera pública magisterial. Quizás esta medida sea más difícil de concretar, incluso más que la modernización del Poder Judicial, considerando lo venida a menos que está la docencia. El plan ha fijado que en diciembre se implementará un mecanismo para promover esta profesión. Sería clave que se evalúe la inclusión de la docencia dentro de las carreras aptas para el programa Beca 18.

Al igual que con el Plan de Infraestructura, el desafío del actual Gobierno es comenzar a trabajar en el Plan de Competitividad y hacerle seguimiento a fin de que las metas hasta julio del 2020 se cumplan sin retrasos. Solo de esa manera podrá otorgarle la categoría de política de Estado y reducir el riesgo de que en los gobiernos futuros aparezcan los “iluminados” que desandan lo andado y cambian todo, o los indecisos que declaran “no estar seguros” de la utilidad de los planes en marcha.