A repensar el esquema

PROINVERSIÓN. El Perú pierde atractivo para hacer negocios. Así lo recuerda el Banco Mundial, desde el 2016. En materia de competitividad tampoco destacamos, sobre todo debido a la escasez de infraestructura productiva. Quizás estas falencias sirvan para explicar, en gran parte, el poco interés que en los grandes inversionistas extranjeros despiertan las convocatorias de ProInversión para construir y administrar, precisamente, proyectos de infraestructura.

En lo que va del año, solo se ha podido adjudicar una concesión: el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cuenca del Lago Titicaca, que representará una inversión de S/ 863 millones. Pero pese a que la apertura de propuestas fue a principios de mayo, el contrato aún no se ha podido firmar y para hoy se anuncia que se hará, siempre y cuando el consorcio ganador presente una garantía de fiel cumplimiento (por S/ 172 millones) que respete las exigencias del proceso.

Luego de año y medio como director ejecutivo de ProInversión, Alberto Ñecco presentó su renuncia la semana pasada. Su labor no tuvo los resultados esperados. Aun no se encuentran los mecanismos para agilizar los procesos. Por ejemplo, en el caso de la concesión del PTAR Titicaca pasaron casi cuatro años para que los diez municipios provinciales involucrados en el proyecto deleguen al Gobierno sus facultades para entregar la concesión.

ProInversión también tiene a su cargo la promoción de la inversión vía obras por impuestos (OxI) y su labor ha sido bastante mediocre. El año pasado se adjudicaron proyectos por S/ 482.4 millones, monto muy inferior al del 2017 (S/ 897.9 millones), mientras que en lo que va del 2019 solo se han registrado S/ 270.2 millones. Esto a pesar de que se ha afinado la regulación con miras a generar el interés de las empresas que ya operan en el país.

Es el momento de repensar la manera en que el Gobierno promueve la inversión. Por lo visto, no ha bastado con reestructurar ProInversión, de modo que quizá lo que haga falta sea un “cambio de chip”. Ya se están dando algunos pasos, todavía tímidos, al optar por el esquema de obra pública para los megaproyectos –el Estado construye con sus recursos y luego concesiona la administración– y la inclusión de las oficinas de gestión de proyectos (PMO). ¿Será esa la solución?