A romper la inercia

REFORMA POLÍTICA. Las declaraciones de algunos empresarios frente a la Fiscalía han vuelto a poner en la mesa el tema del financiamiento de los partidos políticos. Si bien este año el Congreso aprobó la tipificación del delito de financiamiento ilegal de las organizaciones políticas, que incluye también sanciones de tipo administrativas, lo cierto es que queda la sensación de que lo aprobado no basta.

Por ejemplo, solo se consideran delito los aportes realizados por entidades del Estado, o por personas naturales o jurídicas que estén condenadas o con prisión preventiva. Otros aportes prohibidos legalmente —como los realizados por confesiones religiosas, personas jurídicas con fines de lucro o personas jurídicas nacionales sin fines de lucro— no son penalizados, además se sanciona solo a las personas, pero no a los partidos políticos, los cuales no asumen ninguna obligación adicional.

A pesar de que la norma obliga a registrar e informar sobre todos los aportes recibidos y establece una sanción administrativa, la realidad ha demostrado que esta es tan laxa, que los partidos políticos no tienen ningún problema en incumplir la norma y “guardar reserva” sobre el dinero realmente recibido. Esta no es una falta menor, pues tal como se deben conocer los vínculos laborales o familiares de los candidatos, también es importante saber quiénes son sus aportantes para entender, en muchos casos, las decisiones políticas o normativas que aprueben si llegan al poder.

El próximo Congreso debería revisar estas normas para perfeccionarlas, y además debería asumir el reto de culminar las demás reformas políticas que quedaron inconclusas. Aunque importante, el financiamiento no es lo único que no funciona en nuestro sistema político: revisar la democracia interna para que no quede solo en el papel, analizar la necesidad del voto preferencial o la pertinencia de la bicameralidad, son también temas para debatir.

Sin embargo, queda la duda de si, con tan poco tiempo, los congresistas tendrán el interés de dictar normas que podrían afectar a los partidos por los cuales llegaron al Parlamento. Siendo propuestas que muchas veces tienen un alto costo político siempre cabe preguntarse quién será capaz de ponerle el cascabel al gato.