Compromiso en entredicho

TÍA MARÍA.“Nosotros estamos a favor de la inversión privada en todo aspecto: proyectos de irrigación, portuarios, aeropuertos y, cómo no, mineros”, afirma el presidente Martín Vizcarra en una reciente entrevista dada al diario La República, luego de que días antes sostuviera, en Canal N, que el proyecto Tía María no se llevaría a cabo durante su gobierno.

Es verdad que se trata de un proyecto de larga data lleno de altibajos. Por ejemplo, la exploración se inició antes del 2003, en el 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental (EIA). A este estudio la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) le planteó 138 observaciones en el año 2011 y desde esa fecha se iniciaron las movilizaciones en contra del proyecto que a lo largo de los años cobró la vida de ocho personas.

En noviembre del 2013, la empresa presentó un nuevo EIA, el cual fue aprobado en agosto del 2014, y en el 2015 la compañía, ante el pedido del presidente Huamala, plantea una pausa de 60 días para explicar el proyecto a la población. En el 2019 el MEM le otorgó la licencia de construcción a la empresa, pero le pidió aún no iniciar la construcción.

El caso de Tía María es sintomático, pues si bien cumplió con todos los requisitos legales, la oposición de una parte de la población le impide llevar adelante el proyecto y ninguna autoridad se tomó el trabajo de hacer una explicación pormenorizada de su impacto junto con los peruanos que viven en las zonas aledañas para —en los momentos de paz— buscar la mejor salida posible.

Acudir con mesas de diálogo cuando el conflicto ya está instaurado no es la mejor solución. ¿Qué hicieron los diferentes titulares del MEM entre los años 2016 y 2019 (para no hablar de los gobiernos anteriores)?, ¿viajaron a la zona?, ¿conversaron con los ciudadanos y sus autoridades?, ¿buscaron alternativas con la empresa?

Decir que se apoya a la inversión privada y no actuar en consecuencia le quita valor a las palabras y hace que algunas empresas puedan dudar de sus inversiones. El MEM espera que la inversión minera llegue a los US$ 6,300 millones este año y que vean la luz dos nuevos proyectos. Seguramente las empresas unilateralmente estarán buscando la forma de lograr el respaldo social necesario, pues cumplir con la ley no basta.