“Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas" (Foto: Andina)
“Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas" (Foto: Andina)

LAS BAMBAS. En la búsqueda de lograr la solución a un conflicto que lleva varios años —y que el propio presidente Martín Vizcarra trató de resolver siendo ministro de Transportes, sin éxito— el premier Salvador del Solar firmó semanas atrás un acuerdo de cinco puntos que si bien a primera instancia parecían generales, en realidad, escondían algunos temas preocupantes.

Parte de ese acuerdo era establecer mesas técnicas sobre 9 pedidos planteados por las comunidades (bajo el término de compromisos) y allí pueden radicar los problemas. Algunos de los pedidos incluyen el archivamiento de las denuncias a dirigentes y atención a las víctimas de 2011-2019, la implementación del canon minero de forma inmediata, la creación de un seguro ambiental para mitigar impactos negativos y revisión de la EIA y el cumplimiento inmediato e implementación del plan de desarrollo provincial Cotabambas y el distrito Progreso.

Más allá de lo complicado que puede ser cumplir con estos pedidos (que incluso incluyen cambio de los funcionarios administrativos de MMG Las Bambas por actos de corrupción), lo primero sería definir si las comunidades han entendido que las mesas buscan discutir estos pedidos y ver cuáles pueden ser viables para su cumplimiento o si, por el contrario, ellos han asumido que el Gobierno se ha comprometido a cumplirlos sin mayor debate.

Así, además de una ley de amnistía que deje sin efecto las denuncias a dirigentes también insisten en la libertad de los hermanos Chávez Sotelo. Si bien el ministro de Justicia ha precisado que este último punto está en manos del Poder Judicial y no le corresponde al Gobierno resolverlo, con relación a la amnistía dijo que el parlamentario Richard Arce impulsará un proyecto de ley al respecto y su cartera emitirá un informe técnico jurídico.

Resulta preocupante que las declaraciones del ministro Zeballos parezcan apoyar una ley de amnistía, que sin duda sería un mal precedente en un país donde los conflictos sociales latentes son más de 100 y la mayoría utiliza medidas radicales como cierre de carreteras o toma de lugares para hacer sus reclamos. Si el Gobierno cede y avala una ley de amnistía pone en riesgo el Estado de derecho y el principio de autoridad.

Una ley de amnistía en lugar de solucionar un problema puede convertirse en una bomba de tiempo para este Gobierno y los próximos. ¿Ese es el legado que se quiere dejar?