Editorial de Gestión. Pensar que el país olvidará lo ocurrido en las protestas y que este Congreso y Gobierno podrán quedarse hasta el 2026 sería un error que podría costarnos caro”. (Foto: Presidencia)
Editorial de Gestión. Pensar que el país olvidará lo ocurrido en las protestas y que este Congreso y Gobierno podrán quedarse hasta el 2026 sería un error que podría costarnos caro”. (Foto: Presidencia)

CONGRESO. No es un secreto ni es controvertido que la intensidad de las protestas en todo el país contra el gobierno de Dina Boluarte ha disminuido en las últimas semanas, respecto del nivel que alcanzaron durante diciembre y los primeros meses del 2023. Un análisis apresurado de este hecho, sin embargo, parece haber llevado a algunos políticos a la peligrosa conclusión de que, dado que el país ‘se calmó’, quizá ya no sea necesario adelantar las elecciones generales; que quizá este y Gobierno finalmente sí puedan quedarse hasta el 2026, pese a los augurios iniciales.

Creer esto es un error. Uno que se explica por esa costumbre tan nuestra de priorizar únicamente lo que nos parece más conveniente hoy, sin evaluar las posibles consecuencias de mediano o largo plazo. Y no es un error inocuo, sino uno que podría costarnos caro.

El Perú del 2023 es un país mucho más polarizado que aquel en el que vivimos durante los primeros tres lustros de este milenio. La política se ha convertido, lamentablemente, en un espacio de suma cero, en el que los candidatos no ofrecen planes con diferentes enfoques para gobernar para todos, sino que plantean una única visión ‘correcta’ de las cosas y ofrecen derrotar no solo a sus rivales –a quienes describen casi como villanos– sino también a los votantes de sus rivales –a quienes también se describe como enemigos–. Pero no es así como funciona una democracia saludable.

El golpe de Estado de fue lo que puso un fin abrupto a su Gobierno. Por ello, la asunción de Boluarte fue, sin duda, constitucional. Dicho esto, hechos como que luego el Gobierno se haya alejado tanto del resultado electoral del 2021, el altísimo número de heridos y fallecidos durante las recientes protestas, que nadie haya asumido esa responsabilidad política, que el 51% –69% en zonas rurales– crea (por más que no sea cierto) que quien dio un golpe fue el Congreso (Ipsos), que un 74% diga que apoyaría la renuncia de Boluarte si no se adelantan las elecciones o que un 83% hoy apoye este adelanto (Datum), no deberían simplemente ignorarse.

En esta crisis, muchos peruanos vienen acumulando demasiadas frustraciones con el sistema democrático. Si nuestros políticos no tienen la visión suficiente para canalizar estas tensiones institucionalmente y devolverle algo de confianza a la gente, tarde o temprano estallará la tormenta (como en Chile en el 2019). Y quizá para entonces ya sea demasiado tarde.