Cuidadosa revisión

PROMOCIÓN AGRARIA. Un grupo de trabajadores del sector agroexportador está en paro reclamando la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, pues consideran que las condiciones laborales no son las adecuadas. Desde la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) advierten que esta situación no se genera por la norma, sino que existen empresas informales que realizan las contrataciones a través de services, los cuales incumplen con las exigencias laborales. Una visión que también es compartida por el gobernador regional de Ica, quien denuncia que hay services que no pagan el jornal establecido por la ley, sino a destajo.

Lo cierto es que este problema requiere ser analizado desde varias aristas. En el 2018, cuando el Ejecutivo pidió facultades para prorrogar la Ley de Promoción Agraria —que no se concretó—, advertimos que, en 18 años de vida de la norma, ningún gobierno se ocupó de evaluar los efectos generados no solo en términos de exportaciones, sino también desde el punto de vista laboral y tributario para conocer si todos los beneficios otorgados se justificaban prorrogarlos por los resultados conseguidos.

¿Se hubieran conseguido los mismos resultados de crecimiento de la agroexportación sin la norma? ¿El aporte del sector es tal que vale la pena que pague solo 15% de IR? ¿Cuánto ha perjudicado a Essalud que su aporte sea menor al de otros sectores? ¿Es indispensable contar con un sistema laboral menos exigente? ¿Cuántos años más debería estar vigente una norma de carácter temporal que nació para 10 años? Esas preguntas siguen siendo válidas, pues hasta el momento no se conoce que, desde el Estado, se cuente con información del impacto cabal de la norma.

La intención del Gobierno de plantear una mesa de diálogo para resolver el reclamo de los trabajadores no podrá llegar a buen puerto si no se incluye a los empresarios, parte importante del problema, pero también de la solución. Asimismo, será necesario revisar la labor de fiscalización que debería estar realizando el Ministerio de Trabajo a través de Sunafil y analizar cuántos de los problemas señalados por los trabajadores dependen realmente de la Ley de Promoción Agraria o del uso de los services. En este último caso, se debe verificar qué norma laboral se aplica y si su uso debería ser permitido a un sector que ya cuenta con otros tipos de beneficios.

Sin embargo, un tema tan importante debería ser abordado con cuidado. Firmar actas de acuerdos sin análisis adecuados solo lleva a nuevos incumplimientos —experiencias ya hay muchas— y no deberían volver a repetirse.