Falsos clamores

POPULISMO. El Congreso ha aprendido que la inmunidad parlamentaria no protege del contagio del Covid-19. Diez parlamentarios han informado haber contraído la enfermedad, aunque se ignora si hay más –también hay 15 trabajadores–. Lo que no hicieron fue admitir que ellos mismos se expusieron al virus por no respetar el distanciamiento social: el inicio de la legislatura fue una muestra de desobediencia y, a pesar de las críticas y las advertencias, siguieron sosteniendo reuniones presenciales, incluido el pleno donde se aprobó el retiro del 25% de los fondos en las AFP y la suspensión del cobro de peajes.

Al respecto, más de un parlamentario ha justificado su voto a favor de dichas leyes –ambas promulgadas por insistencia porque el presidente Vizcarra prefirió “lavarse las manos” en algunos casos– porque eran un “clamor popular”. Esa frase se ha convertido en mantra, aunque el verdadero motivo es un afán poco disimulado por querer recibir el aplauso de la opinión pública. La construcción de candidaturas para el 2021 es un motivo que tampoco pueden ocultar.

Habría que preguntarse si otras decisiones menos demagógicas pero igual de cuestionables tomadas por el Legislativo responden a otros clamores. Por ejemplo, el aumento del presupuesto, en plena pandemia, para poder contratar más asesores y otro personal; o excluirse de la obligación de informar sobre sus potenciales conflictos de interés, pese a que ya se han detectado algunos.

Es el caso del parlamentario que fue abogado de colectiveros y ha presentado un proyecto de ley para formalizarlos, pese a que ese tipo de transporte sería un retroceso en la reforma que el Gobierno busca implementar. También figura otro que lidera una comisión que investigará al Gobierno Regional de Arequipa por su (mal) manejo de la crisis sanitaria, que fue su asesor y renunció, entre otros motivos, porque se peleó con el gobernador. Más que una genuina preocupación, tal investigación parece una vendetta política –de otro modo, se tendría que indagar en la pobre respuesta a la pandemia de casi todos los gobernadores y alcaldes–.

Entretanto, la prensa descubrió que uno de los defensores más intensos del retiro del 25% es accionista de empresas que no pagaron los aportes de sus trabajadores a las AFP y la ONP. Lo que todos estos sinsentidos y pasos en falso están mostrando, es que en menos de dos meses este Congreso está dando señales de la intransigencia, obcecación y desconexión de la realidad que caracterizaron al anterior, que ha sido calificado como el peor de la historia del país.