Editorial de Gestión. Tal vez exista una racionalidad económica en las posturas de estos y otros distritos. (Foto: Difusión)
Editorial de Gestión. Tal vez exista una racionalidad económica en las posturas de estos y otros distritos. (Foto: Difusión)

NIMBY es el acrónimo de “not in my back yard” (“no en mi patio”) e identifica a quienes se oponen a la de ciertas o la realización de ciertos eventos en su entorno urbano inmediato. Por ejemplo, en ciudades de países como , los NIMBY se han organizado para obstaculizar la construcción de complejos de viviendas, con lo que han contribuido al surgimiento de crisis habitacionales y al aumento de la indigencia.

En Lima también existen NIMBY, específicamente en los llamados distritos “modernos”, y están liderados por sus alcaldes. Es el caso de San Isidro, cuyo municipio ha emitido un comunicado que califica como “no viable” la eventual aprobación de proyectos de viviendas de interés social –es decir, para personas y familias de ingresos inferiores al promedio sanisidrino–, y se compromete a defender la “residencialidad” del distrito. Ello a pesar de que en octubre del 2021, el Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda presentada por el entonces alcalde, Augusto Cáceres, que versaba sobre las competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para la regulación de proyectos habitacionales de interés social

Por su parte, cuando estaba en campaña, el actual alcalde de Miraflores, Carlos Canales, ofreció limitar el área de los nuevos departamentos a un mínimo de 60m2. Ello a pesar de que la demanda por viviendas de esas extensiones en Lima moderna está en crecimiento, pues los jóvenes que se independizan no buscan espacios grandes –y no planean tener hijos en el futuro inmediato–. Tal vez exista una racionalidad económica en las posturas de estos y otros distritos, ya que a menor área construida, temen recaudar menos Impuesto Predial. Lo que llama la atención es que antes de ser alcaldes, defendían la inversión privada, pero ahora la obstaculizan.

Sin embargo, no toda oposición puede calificarse como NIMBY. Por ejemplo, el proyecto de Reglamento de Vivienda de Interés Social del MVCS incluye coeficientes de edificabilidad que serían muy elevados. Es decir, se podrían

construir edificios con demasiados pisos y departamentos, lo que haría imposible su mantenimiento y sostenibilidad, corriéndose incluso el riesgo de generar hacinamiento –aparte que dispararía los precios de los terrenos–. Abundan los casos fallidos de rascacielos habitacionales en urbes extranjeras que sí cuentan con algún nivel de planificación urbana. Y una ciudad como Lima, que no es tan moderna, no está preparada para ese tipo de experimentos.