No más medidas aisladas

MERCADO LABORAL. La pandemia no solo ha afectado la salud de las personas, también ha generado estragos a nivel económico. Consecuencia de ello, solo en Lima más de 1.2 millones de personas han perdido sus empleos y, según cifras del Ministerio de Trabajo, cerca de 6 millones de peruanos pasaron a la inactividad laboral en el segundo trimestre, aunque desde julio hay un aumento del empleo, pero no en las mismas condiciones. Además, varias empresas podrían estar a punto de entrar a procesos de reestructuración o liquidación.

Más allá de las medidas de urgencia, como la entrega de bonos o el permitir el retiro de fondos de la CTS o las AFP -que terminarán afectando la futura pensión- el eje de gobierno debería estar en mantener las fuentes de trabajo existentes y generar nueva oferta para quienes están desempleados. No es una tarea sencilla, pues debe compaginar formalidad -el empleo que se genere debe asegurarle al trabajador acceso a la seguridad social y salud- y flexibilidad para que el empresariado, que aún no logra recuperarse, pueda dar empleo sin que le genere sobrecostos.

Lamentablemente, más allá de las declaraciones y de programas como Reactiva Perú, en los hechos, la regulación generada hasta el momento no ha brindado facilidades a las empresas (por ejemplo, más del 50% de solicitudes de suspensión perfecta fueron desestimadas), lo que demuestra que se ha pensado muy poco en la necesidad de mantener las fuentes de empleo. Una realidad que no se ha visto en otros países.

Seguramente, lo políticamente correcto sería decir que ninguna empresa debe despedir trabajadores o que las nuevas contrataciones deben realizarse a tiempo indefinido desde el primer día. Pero lo cierto es que el Gobierno debe trabajar en función de lo que está sucediendo, más en situaciones de crisis como la que se vive actualmente. Eso no significa dejar de mitigar el impacto de la crisis en el empleo.

Eso podría implicar aprobar iniciativas laborales de emergencia que sirvan de incentivo para que las empresas contraten trabajadores, como prorratear algunos beneficios o fomentar jornadas reducidas. Sin embargo, estos estímulos deben darse en función de una estrategia de mediano plazo y no como medidas aisladas -una práctica muy común en el país-. La experiencia demuestra que, en el Perú, los regímenes temporales por lo general se convierten en permanentes y la meta final del Estado debería ser la apuesta por la formalidad.

La crisis por la que estamos pasando evidencia lo perjudicial que es que el 70% de la economía sea informal. Con base en ello, la meta a largo plazo debe ser revertir dicha cifra, lo laboral es solo una arista del problema.