Apostar por el debido proceso

ACTUACIÓN CONSTITUCIONAL. El país enfrenta una situación sin precedentes en los últimos setenta años, pues se ha planteado una denuncia constitucional contra un presidente en función. La fiscal Patricia Benavides considera que cuentan con los elementos de convicción necesarios para probar la tesis fiscal que involucra a Pedro Castillo en los delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y por ello el pedido para finalmente poder iniciar un juicio penal contra el mandatario.

Frente a la denuncia, Castillo de manera directa y también a través de algunos ministros ha vuelto a usar la carta de la victimización, en lugar de contestar de manera clara a los indicios planteados, y ha presentado una acción de amparo para detener las investigaciones en su contra. Además, actuó mal al negar el ingreso a la prensa nacional a la conferencia convocada en Palacio.

Los críticos al accionar de Benavides se preguntan si es válido plantear una denuncia constitucional contra un presidente o si bastan los indicios para plantear la denuncia. Ante ello, la respuesta es afirmativa, la denuncia constitucional es una figura establecida en la Constitución y, por lo tanto, forma parte de las reglas existentes. Además, la Fiscalía siempre basa su planteamiento en hipótesis e indicios que le ayudan a armar su argumentación. Estos indicios son llevados a juicio donde el juez evalúa si los indicios tienen peso probatorio o no, pero eso es una etapa posterior.

La pregunta importante es si la denuncia presentada cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para que el Parlamento le dé trámite a esta solicitud, y esa será la labor a la que los congresistas deberán abocarse en las próximas semanas. Para ello, el Poder Legislativo debe dar todas las garantías jurídicas necesarias a los involucrados, y a pesar de tratarse de un juicio político, no se pueden saltar los procedimientos establecidos. Así, es necesario descartar cualquier intento por acelerar la discusión del tema en el pleno. Hace bien la parlamentaria Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en evitar dar plazos certeros de cuánto tiempo les tomará evaluar la solicitud fiscal y sus miembros deben evitar adelantar opinión.

Sin embargo, dada la información que forma parte de la denuncia y que involucra directamente a varios parlamentarios, queda flotando en el aire saber si el Congreso estará a la altura de las circunstancias y si podrá actuar de la manera en que se espera. Mientras este pedido sigue su proceso, la Fiscalía y el Congreso deben continuar su labor recordando que sus acciones deben decir más que sus palabras.