República de Lima

CONTRATOS. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha enviado al Congreso un proyecto de ley que la autoriza a suscribir contratos para construir obras públicas y adquirir bienes y servicios por encima de 16,591 UIT (S/ 82.1 millones) bajo el esquema de Gobierno a Gobierno (G2G). Para ello, el Congreso tendría que modificar el artículo 35 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 34 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y facultar a estas instancias a asociarse con países que tienen suscritos acuerdos comerciales con el Perú.

No es la primera vez que la MML actúa basada en una autonomía mal entendida, pues ya ha pretendido ignorar la validez del contrato de concesión con Rutas de Lima –pese a que documentos de ese tipo tienen categoría de ley–. Incluso durante su campaña electoral, el ahora alcalde Rafael López Aliaga insistía en reclamar mayor autonomía para el municipio capitalino y entre sus ofrecimientos a los votantes, incluía temas que no eran competencia de la MML. También se promocionaba como empresario exitoso y defensor de la empresa privada.

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Respecto a Rutas de Lima, pese a la existencia de una medida cautelar emitida por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, López ha continuado con el hostigamiento contra la concesionaria. Como alertamos en esta columna (Gestión 26/07/2023), debe ser un tribunal el que decida si los argumentos del alcalde tienen fundamento jurídico y la MML debe respetar el fallo, pues no hacerlo es ilegal e inconstitucional.

Con este antecedente negativo, cabría preguntarse si algún Gobierno extranjero se animaría a asociarse con un gobierno subnacional peruano que no respeta los contratos. Por ejemplo, ¿lo haría un país respetuoso de la legalidad como Canadá, donde está basada Brookfield, la accionista mayoritaria de Rutas de Lima? Una duda similar surge con la proyectada emisión de bonos de la MML, sin garantía del Gobierno nacional, pues esta operación, si es aprobada, tendrá que pasar por el tamiz de las agencias calificadoras de riesgo. Y es muy probable que fijen su atención en el riesgo de que la MML no cumpla con su palabra.

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Además, ya se ha creado una agencia que se hará cargo de la inversión pública de gran envergadura, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuyo ámbito de acción abarca los tres niveles de gobierno –lo que incluye a la MML–, y el MEF está desarrollando un nuevo esquema para ejecutar y financiar grandes obras que modificará la forma en que se llevan ahora los acuerdos G2G. En suma, López no es presidente de ninguna república.