Debido proceso

FISCALES Y JUECES. En la lucha contra la corrupción está comprometido casi todo el país, pero el querer erradicar esta terrible lacra y sancionar a quienes se enriquecieron en perjuicio de los peruanos no significa caer en abusos del derecho o utilizar mecanismos excepcionales como si fueran la regla. El fin nunca justifica los medios, y mucho menos cuando se trata de buscar justicia.

Por ejemplo, si bien el abuso de la figura de la prisión preventiva no es nuevo en el Perú —existen 85,000 personas presas en el país, pero más de la mitad de ellas están sin sentencia, es decir, cumplen prisión preventiva— hay investigaciones fiscales por el caso Lava Jato que se han puesto en el centro de las miradas por el uso indiscriminado de esta figura jurídica.

Cuando se dictó prisión preventiva contra los Humala-Heredia, recalcamos lo importante que era no excederse en su uso e iniciar las acusaciones en el menor tiempo posible. Lamentablemente, en los casi tres años transcurridos, la lucha anticorrupción se ha empantanado con dimes y diretes. Los fiscales le han dado más importancia a su protagonismo que al proceso, los jueces dictan sentencias preventivas “express”, incluso plagiando resoluciones y sin leer los expedientes. Solo hay un proceso iniciado (hace apenas seis meses), pero aún no hay ninguna condena.

La decisión de devolver parte de la venta de la Hidroeléctrica Chaglla sigue generando controversias, no solo porque no todos están convencidos del acuerdo sino por la manera poco clara en la que se procederá con la devolución. Si bien, pese a su alto costo, el acuerdo es necesario, su administración está muy lejos de ser transparente.

Además, se está agudizando la polarización. Los fiscales a cargo del Equipo Especial parecen creer que no son pasibles de ningún tipo de crítica y que cualquiera que pone en tela de juicio sus acciones es calificado inmediatamente de corrupto o de defender a los corruptos o de tener algún interés oculto. Es decir, están llegando a considerarse infalibles, y en ese comportamiento están arrastrando a los jueces que —quizás por miedo a ser calificados de corruptos— terminan siendo comparsas de la Fiscalía. A ello hay que agregar que existen pendientes decisiones sobre si se aceptan colaboraciones eficaces de personas y empresas, pese a lo cual en base solo a testimonios se solicitan prisiones preventivas.

Los errores judiciales y el abuso del derecho existen, y defender la lucha contra la corrupción de ninguna manera puede significar avalarlos. Si los fiscales y jueces no pueden darse cuenta de ello, corresponde advertirlo y ponerlo en evidencia.