Editorial:Las duras decisiones

EMPLEO. En el Plan Nacional de Competitividad, el quinto objetivo prioritario es el relativo a “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”. El documento es prodigo en explicaciones ya conocidas con citas y datos para mostrar las deficiencias del mercado laboral actual y la necesidad de realizar cambios en pro de generar beneficios tanto para las personas como para las empresas.

Para lograr los cambios, plantea tres lineamientos de política: generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, adecuar el marco regulatorio en función a las necesidades del mercado laboral y mejorar los procesos de fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales vigentes.

En el papel todo perfecto, sin embargo, la gran pregunta es ¿cómo se van a aterrizar los lineamientos en medidas concretas? Desde el inicio existían dudas, pero las recientes declaraciones a Gestión de la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, hacen poco por darle claridad al tema. Aunque el documento no lo considera obligatorio, la ministra pone un limitante a las propuestas y señala que “los temas sin consenso no serán parte del Plan de Competitividad”.

Sin duda la búsqueda del consenso debe ser la base de todo tipo de políticas, pero la experiencia de los últimos 18 años muestra que en materia laboral lograrlo no es fácil. Varios de los cambios planteados en estos años quedaron en compás de espera, con el consiguiente perjuicio que ello generó, debido a la falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores.

Es destacable que el primer lugar de discusión de las medidas sea el Consejo Nacional de Trabajo. Sin embargo, el Gobierno no puede ser el moderador de un debate, no le corresponde ponerse de costado, sino tener una posición clara para definir los temas en los que el acuerdo no sea factible.

Se trata de temas complicados, que sin duda son de una alta sensibilidad para la población, pero, aunque el Ejecutivo parece no darse cuenta, gobernar implica asumir costos. Le corresponde trabajar para comunicar adecuadamente sus propuestas y, finalmente, asumir decisiones, por duras que estas parezcan, si son en beneficio de todo el país.