El año de lo imposible

SALUD.El Gobierno ha bautizado el 2020 como “Año de la Universalización de la Salud”, amparándose en el Decreto de Urgencia (DU) 017-2019, publicado a fines de noviembre pasado, que dispone afiliar al Seguro Integral de Salud (SIS) a todo residente en el país que no cuente con un seguro de salud. Consideramos que, como política de Estado, esta iniciativa es muy potente, aunque hasta ahora el mensaje no logra posicionarse en la opinión pública, quizás porque está concentrada en la campaña electoral.

Tampoco ayuda la escasa capacidad de comunicación del presidente Vizcarra y de la gran mayoría de sus ministros. Eso significa que, a diferencia del 2019 (“Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad”), cuando el mensaje del Gobierno fue apuntalado por la labor de algunos fiscales y jueces – más el periodismo–, en esta ocasión tendrá que mostrar avances tangibles logrados por el propio Ejecutivo, en especial por el Ministerio de Salud (Minsa).

Lamentablemente, ni siquiera el punto de partida es notorio: el presupuesto asignado a salud para este año solo se ha incrementado 1.5% con respecto al 2019 e incluso es una tasa menor que la del 2017. Es más, la entidad que tendrá a su cargo la universalización, el SIS, tendrá este año recursos inferiores a los asignados en el 2018 (S/ 1,894 millones versus S/ 2,275 millones). A diferencia del SIS, que sí ejecuta casi todo su presupuesto, el Minsa y los niveles subnacionales tienen un vergonzoso historial, de modo que la primera mejora que se espera, para hacerle honor al nombre del 2020, es mostrar cierto nivel de profesionalismo en el aspecto presupuestal.

Otra acción importante es cumplir con los plazos de las normas. El DU en mención contiene un juego completo –que va de 60 a 90 y 120 días–, y aunque ninguno ha vencido, en este aspecto el historial también es negativo. Por ejemplo, en marzo del año pasado el Minsa publicó el proyecto de reglamento de la ley que crea las redes integradas de salud (Ley 30885), un elemento clave para mejorar la cobertura del servicio. El Ejecutivo tenía 60 días hábiles para aprobarlo, pero hasta ahora no lo ha hecho.

También brilla por su ausencia una política integral para combatir la informalidad en el sector –clínicas que funcionan sin autorización, médicos sin licencia, medicinas vencidas o adulteradas, etcétera–. Y ni qué decir de la infraestructura: más de la mitad de los establecimientos del primer nivel de atención (incluidos Essalud y las Fuerzas Armadas) está en situación precaria o presenta equipamiento obsoleto e insuficiente. ¿Podrá el Gobierno con todo esto?