SIS.El Gobierno oficializó su promesa de ampliar la cobertura de salud a todos los residentes en el país –entre 4 y 5 millones no cuentan con ningún seguro médico–. El Decreto de Urgencia 017-2019 establece una serie de plazos para alcanzar esa ambiciosa meta, aunque no precisa con claridad si será obligatorio afiliarse a ese nuevo sistema que, por ahora, carece de nombre.

Lo que sí está claro es que, a diferencia del Seguro Integral de Salud (SIS), cuyo financiamiento corre por cuenta del Estado y está dirigido a personas de escasos recursos – más las filtraciones de muchos que sí podrían pagarse un seguro–, el flamante esquema contempla el pago de aportaciones. Al respecto, se fijó un plazo de 120 días para que las ministras de Economía y de Salud determinen el plan esencial de aseguramiento y los planes complementarios, que son los que estarán sujetos a pagos, los cuales estarán en función de la vulnerabilidad económica de los afiliados.

De esto se desprende que habrá escalas para las aportaciones, y conociendo la escasa eficacia del sector público para supervisar el cumplimiento de criterios de elegibilidad, habría que temer una posible multiplicación de filtraciones. Otro aspecto que podría traer muchos problemas es el presupuestario. Para empezar, según la especialista Janice Seinfeld, los establecimientos de salud perciben S/ 800 millones porque cobran a quienes no tienen seguro por los servicios que les prestan. Con el nuevo seguro, esos ingresos desaparecerán, de modo que habría que asignar un presupuesto adicional al Minsa.

Sin embargo, ese ministerio solo recibirá S/ 247 millones más el 2020 con respecto al presente año, mientras que el SIS recibirá S/ 125 millones más, lo que significa que habrá que modificar al presupuesto que el Gobierno acaba de aprobar. Quizá se esté apostando por la baja capacidad de gasto del Minsa y reasignar lo que no ejecute este año (S/ 1,700 millones a la fecha) al presupuesto que deberá tener el nuevo seguro.

La mayor inquietud recae en la planificación presupuestaria para el mediano y largo plazo. Países que tienen seguro médico universal como Canadá, Dinamarca o Nueva Zelanda, también presentan eficientes sistemas de recaudación tributaria y muy baja informalidad. En el Perú sucede lo contrario. Si la situación de la economía global empeorase o sobreviniese una crisis más severa que la financiera de la década pasada, el PBI nacional se vería afectado y, por ende, la capacidad del Estado para financiar el gasto social. Y no hemos hablado de la pésima calidad de los servicios públicos de salud.

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