Limbo agrario

DECISIONES. El BCR incluyó en su último Reporte de Inflación una encuesta que realizó a ejecutivos de empresas agroexportadoras y de gremios vinculados al sector. El sondeo fue efectuado en agosto, cuando estaba pendiente la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria. De hecho, los encuestados consideraban que la principal limitación para el crecimiento del sector era el vencimiento de la norma (en diciembre del 2021).

El proyecto de ley que disponía extender hasta el 2031 los beneficios, con cambios positivos en el régimen laboral, y la inclusión de la acuicultura y la forestería, esperó catorce meses hasta que el pleno del Congreso finalmente lo aprobó, el 19 de setiembre. Pero la autógrafa nunca fue enviada a Palacio de Gobierno, pese a que transcurrió más de una semana hasta que el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento. Eso significa que la remozada Ley de Promoción Agraria se encuentra en el limbo, algo que probablemente está causando preocupación en las empresas agroexportadoras.

El flamante ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, no ha contribuido a despejar las dudas, pues ha señalado que en su cartera “todavía no es requerimiento” configurar algún decreto de urgencia (DU). Con respecto a la autógrafa trunca, ha dicho que se harán las “evaluaciones competentes” para determinar si se promulgará un DU o se esperará hasta que se instale el nuevo Congreso. En otras palabras, no hay nada definido sobre una norma que ya había sido aprobada y gozaba de consenso.

La incertidumbre no es buena amiga de la inversión. Y los otros temas que los agroexportadores ven como obstáculos para el crecimiento de su sector también tienen un alto grado de incertidumbre: disponibilidad de agua, gestión del Estado y escasez de infraestructura adecuada. Con relación al recurso hídrico, los encuestados mencionaron los proyectos Chavimochic III y Majes-Siguas II como los de mayor impacto y que merecen ser priorizados. Pero ambos están paralizados.

En cuanto a la gestión del Estado, las agencias con menor calificación son el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), que depende del Minagri, y la red de centros de innovación y transferencia tecnológica (CITE), adscrita al Ministerio de la Producción y que atravesó un periodo de retroceso durante la presidencia de Kuczynski. Senasa y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) recibieron buenas calificaciones, aunque los encuestados opinan que pueden seguir mejorando. Esperemos que Montenegro tenga más claridad sobre cómo continuar elevando la calidad de las agencias a su cargo.