Editorial: Matando a Servir

PODER JUDICIAL. La creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y la regulación de la forma en que el Estado tiene que seleccionar, contratar y evaluar a los servidores públicos fue una de las reformas que inició el Gobierno de Ollanta Humala.

Lamentablemente, desde que ese sistema fue puesto en marcha, en el 2014, los avances han sido tímidos. El principal factor de esa debilidad institucional es la falta de respaldo político del anterior Gobierno, pero sobre todo del actual.

Prueba de ello es que nadie en el Ejecutivo ha salido a defender los fueros de Servir ante el intento del Poder Judicial de crear un régimen exclusivo para su personal administrativo. En efecto, el proyecto de ley de Carrera del Trabajador Judicial, que fue aprobado por el Congreso el mes pasado –por amplia mayoría–, excluye a Servir de las tareas para las cuales fue creada y se las otorga al propio Poder Judicial.

El argumento de los trabajadores judiciales es que su empleadora es autónoma y que su labor es especializada, de modo que los procesos de selección de personal no podrían ser aplicados por una agencia ajena al quehacer de secretarios y relatores de juzgado, y hasta choferes y digitadores. Pero el Poder Judicial no posee autonomía presupuestaria –sus fondos provienen del fisco– y la experiencia muestra que no es muy eficaz para contratar trabajadores eficientes.

El riesgo de que este proyecto se convierta en ley es que los trabajadores de otros sectores también podrían sentirse “distintos y exclusivos”, caso de médicos, enfermeras o administrativos de los gobiernos regionales, y comiencen a exigir regímenes laborales a su medida, lo que en la práctica significaría la muerte de Servir –y de la reforma del servicio civil–.

Quien sí ha salido a defender sus fueros es la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Ana María Aranda, que además ha recibido el respaldo de la Defensoría del Pueblo. Resulta que de aprobarse, el nuevo régimen laboral judicial excluirá a la OCMA de los procedimientos disciplinarios y sancionadores que actualmente posee. Quien no se ha pronunciado sobre esta omisión es el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.

Aranda ha solicitado al presidente Kuczynski observar el proyecto de ley y devolverlo al Congreso para que se hagan los ajustes necesarios, aunque lo óptimo sería que ese esquema de carrera que el proyecto de ley aprobado propone sea incluido dentro de las competencias de Servir. PPK tiene hasta el 22 de este mes para observar la norma. ¿Lo hará?