Editorial: Rendirnos con la reforma del servicio civil nos podría costar caro en el largo plazo

¿Por qué tantas cosas funcionen mal en la administración pública? Sin duda, existen múltiples causas. Dicho eso, es evidente que una de ellas es que, salvo por algunas islas de eficiencia, actualmente el Estado peruano no suele ser capaz de convocar al servicio público a los mejores profesionales del país.

Para muchos profesionales destacados, trabajar en el estado implicaría un sacrificio. No solo porque los sueldos rara vez son competitivos con los del sector privado. Además, existen otros desincentivos, como la poca claridad en las contrataciones (varios concursos públicos nacen ‘amarrados’), o la posibilidad de que nuestra vida privada se vea afectada.

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¿Qué puede hacerse para corregir esta situación? Hacer que el servicio público –que debería entenderse siempre como un servicio al país– tenga formas de acceso y ascenso más transparentes y meritocráticas. Lo opuesto, cabe destacar, a la tendencia que hemos visto en los últimos años. Sobre todo desde la elección de Pedro Castillo, aunque lamentablemente el Gobierno de Dina Boluarte no parece haber frenado esta tendencia; que además se repite en varios gobiernos regionales y municipales.

Fue precisamente con esa finalidad que, hace ya más de 10 años, se aprobó la actual Ley del Servicio Civil, una reforma cuya implementación estaría a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Desafortunadamente, hoy está claro que esta reforma no ha logrado su cometido todavía, por varios motivos (entre otros, que el Congreso aprobó hace años excepciones para autoexcluirse a sí mismo y a otras entidades del régimen).

Frente a este contexto, ha llamado peligrosamente la atención en estos días el reciente proyecto de ley presentado por Perú Libre –que tendría respaldo en otras bancadas–, el cual propone literalmente eliminar el nuevo régimen. Ello pues, según se alega, este atentaría contra la estabilidad laboral de los trabajadores públicos. Así, una reforma crucial y que, frente a los frenos que ha tenido, evidentemente merece un mayor sentido de urgencia, podría más bien estar por regresar a foja cero.

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Es cierto que la reforma no ha logrado su cometido aún. Pero sí se han dado avances importantes. Decenas de instituciones públicas ya han empezado a aplicar estos nuevos estándares. Pero eso toma mucho tiempo. Y faltan varios otros organismos. Es por supuesto positivo –y parte del trabajo necesario– analizar críticamente por qué esta reforma no ha logrado implementarse aún. Recientemente, por ejemplo, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, cuestionó que la ley actual ofrezca el mejor mecanismo posible. Pero como también expresó, simplemente derogarla no es el camino.

Al país le urge mejorar la calidad de su servicio civil. Rendirnos ahora podría terminar costándonos mucho más caro en el largo plazo.