Economía peruana
Economía peruana

Panorama político. A pesar de los discursos políticos a favor del diálogo, las discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantienen. Las declaraciones respecto a la búsqueda de consenso son solo de la boca para afuera y no parece haber siquiera, en el Parlamento, la intención de apurar el debate respecto al proyecto de adelanto de elecciones. Si bien el Gobierno siempre habló de la posibilidad de que se adopte una decisión a fin de mes, en la plaza Bolívar —sintiendo que se le impone un plazo— no están interesados en acelerar el paso.

Pero el compás de espera en la política ya genera impaciencia en la población porque no se resuelven sus problemas, para muestra algunos casos: paro en Piura debido al poco avance en los trabajos de reconstrucción, Arequipa está un poco más tranquila, pero Islay sigue en efervescencia, y más de 186 conflictos sociales entre activos y latentes a la espera de una solución que parece nunca llegar.

La economía por su parte brinda señales mixtas. Por un lado, el PBI en julio creció 3.28% y se estima que en agosto superará esa tasa, pero el 60% de limeños ve más difícil encontrar trabajo. Si bien, en cifras generales, el empleo sube en sectores que ocupan importante fuerza laboral como industria y actividad comercial. Es decir, no se supera la desaceleración.

Pero la inversión privada requiere de algunas señales como estabilidad y seguridad jurídica, aspectos que los últimos conflictos dados en el sector minero han puesto en duda. En un intento por remediarlo, el presidente Martín Vizcarra anunció una actualización de la Ley de Minería e incluso se habló de los tres lineamientos centrales que contendría el cambio (ordenamiento, adelanto de canon y planes de desarrollo).

Dichas declaraciones hacían prever que el Ejecutivo podría presentar un proyecto de modificación al Congreso, sin embargo, siguiendo su estilo, Vizcarra ha preferido convocar a “un comité de notables” para que revise el tema y establezca si la reforma a la legislación será total o parcial, y para que recoja opiniones de todos los sectores. El uso indiscriminado de este tipo de comisiones hace pensar que no existen “notables” en ningún ministerio y se puede terminar incluyendo a especialistas con mucho conocimiento, pero con posiciones ya tomadas o conflictos de intereses. Además, retardará innecesariamente el inicio de debate en el Congreso.

La invocación al diálogo entre los poderes del Estado ya es infructuosa, pues ninguna de las partes está dispuesta a deponer sus posiciones, por lo menos hasta ahora. Este escenario no es el mejor para el país y nada asegura que en 11 días pueda cambiar.