El riesgo de que el contrato de Rutas de Lima se considere válido y debamos pagar indemnización es alto

El último viernes, el Tribunal Constitucional (TC) publicó finalmente la sentencia del habeas corpus presentado por el abogado Ramón Pairazaman León en contra del cobro de peajes en Puente Piedra, administrado por Rutas de Lima. Por unanimidad, el TC dio la razón al demandante –aunque no en todos sus extremos–, por lo que ordenó la suspensión inmediata de la operación.

Casi de inmediato, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se manifestó a favor del fallo. “Es un día histórico para el país”, afirmó. Vale recordar que el burgomaestre está en medio de una disputa con Rutas de Lima, pues desde su campaña electoral ha reclamado que el precio de los peajes habría subido demasiado, pero no ha logrado llegar a un acuerdo para renegociar las condiciones.

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Más allá del entusiasmo de alcalde, sin embargo, cabe recordar que la anterior no es aún una decisión definitiva. Los procesos de habeas corpus no son juicios que sirvan para cuestionar el fondo de un contrato –ello debe seguir su propio proceso por otra vía–, sino únicamente son útiles para reclamar por la afectación a un aspecto del derecho a la libertad de las personas afectadas.

En este caso, el reclamo se hizo por el derecho a la libertad de tránsito de los vecinos de la zona, en un contexto en el que aún no existen vías alternas idóneas para su desplazamiento y hay una discusión sobre la legalidad del contrato y sus adendas. Por ello, lo que ha hecho el TC es simplemente exigir que se suspenda el cobro de peajes mientras no existan esas vías de tránsito, o hasta que el tema del contrato sea resuelto en la vía penal. Pero no es una salida definitiva. De hecho, el riesgo de que el contrato se considere finalmente válido y debamos pagar una indemnización –que podría crecer durante el tiempo en que no se hagan nuevos cobros– todavía es alto.

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Vistas así las cosas, no hay pues realmente mucho que celebrar. Las salidas momentáneas como esta decisión del TC pueden traer calma en lo inmediato, pero no son una solución al problema de fondo. En realidad, lo único que a futuro podría lograr evitarnos tener problemas similares es que diseñemos mejor nuestros contratos, con procesos transparentes y cláusulas que nos protejan de casos de corrupción. Y por supuesto, que cuando haya que renegociar alguna condición, ello se haga con frialdad e inteligencia, no insultando a aquellos con quienes te tienes que sentar en la mesa.

La decisión del TC traerá así un alivio de corto plazo para los vecinos de Puente Piedra. Dicho eso, más que ante un cobro suspendido, podríamos estar, más bien, ante uno postergado.