Gasoducto Sur Peruano. (Foto: GEC)
Gasoducto Sur Peruano. (Foto: GEC)

MASIFICACIÓN DEL GAS. La semana pasada, la empresa Naturgy decidió resolver el contrato de concesión que tenía para llevar gas natural al sur del país. La compañía justificó su decisión en la falta de acciones concretas del Estado para atender problemas estructurales que enfrenta esa actividad. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que Naturgy tenía una serie de compromisos que debió cumplir.

Más allá de quién es el responsable de los incumplimientos (que seguramente podrían terminar en un tribunal internacional) o de que el Gobierno vuelva a licitar distribución de gas natural en Tacna, Moquegua, Ilo y Arequipa, existe un problema de fondo que es necesario resolver: el futuro del proyecto del gasoducto sur (GSP).

En enero del 2017, el Estado rescindió el contrato del gasoducto sur por incumplir el cierre financiero, asegurando que este se volvería a concesionar y estaría listo en el 2019. La realidad es que la nueva convocatoria hasta el momento no se ha realizado y cada vez es menos viable y necesaria la existencia del gasoducto. El GSP es un proyecto contaminado con sospechas de corrupción, con demandas ante el Ciadi y dudas sobre su conveniencia. Sin embargo, el Gobierno no se atreve a definir el futuro de un proyecto que le cuesta anualmente 50 millones de dólares al país solo en mantenimiento de ductos.

¿La masificación del gas es posible sin un gasoducto? La verdad es que sí, aunque no necesariamente las alternativas son mejores. Cuando se planteó el proyecto del GSP, el factor más relevante era el complejo industrial petroquímico que se pondría en marcha en el sur y la posibilidad de negociar con otros países. Cuando estos puntos fueron dejados de lado el peso del proyecto decayó.

Sostener -a través de indefiniciones- proyectos que si bien pueden ser “queridos” por la población no son viables o económicamente rentables para el país no es correcto, porque alimentan esperanzas que al no verse cumplidas generarán descontento social y serán materia de mayor conflicto. Lo que necesita la población son respuestas claras y bien fundamentadas. Si se quiere armar la agenda de proyectos a priorizar en ProInversión, estos deben ser lo más realista posible.