Editorial: Momento de decisiones

Se mantiene la incertidumbre del futuro político del país. La conformación de un nuevo Gabinete se ha vuelto una tarea ardua para el Ejecutivo, mientras la Comisión Permanente del Congreso acordó plantear una acción de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Frente a la actual situación se presentan tres caminos. En primer lugar, que Martín Vizcarra como presidente busque culminar su periodo. En segundo lugar, el Parlamento, suspendido, accione para mantener su posición. Y, en tercer lugar, que asome una opción de negociación política.

En el primer caso, Vizcarra ya procedió a convocar a elecciones el próximo 26 de enero del 2020 para poder completar el periodo legislativo y luego de finalizar la elección de su Gabinete, continuará con sus labores. Sería iluso creer que el ejercicio de su función se realizará sin ningún contratiempo. Sobre todo, cuando el mandatario se mantiene en el cargo porque el Parlamento archivó su propuesta de adelanto de elecciones y en lugar de insistir en ese tema, prefirió jugar la carta de la “cuestión de confianza” usando el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que el país esperaba un cambio general de autoridades, que se conoce como “que se vayan todos”.

En el segundo caso, más allá de la postura jurídica de una y otra parte, lo cierto es que, planteada la demanda de competencia, será el Tribunal Constitucional (TC) el que deba dilucidar cuál de los dos poderes está actuando ajustado a la Carta Magna. Sin embargo, esta decisión no será sencilla ni rápida. Ya uno de los magistrados del TC ha reconocido que la “denegación fáctica” de la cuestión de confianza al ser un tema doctrinario tiene interpretaciones diversas, algunos la admiten y otros no.

Pero ese no será el único inconveniente para dilucidar por los magistrados, sino que también estará en cuestionamiento si quien presenta la acción estará facultado para hacerlo y contra quién lo hará, dado que el mandatario está suspendido de sus funciones (en la lógica del Parlamento). Esta labor le tomará al TC no menos de tres meses, por lo que probablemente las elecciones convocadas para el 26 de enero se realicen antes de que el Tribunal emita su fallo.

A todo ello se añadirá la discusión de si el magistrado nombrado por el Congreso antes de ser disuelto, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, podrá ejercer su cargo.

Estos caminos aunque puedan ser jurídicos —cada cual desde su postura—ahondan en la crisis política existente, pues ambos poderes tratarán de poner cortapisas a la labor que realice el otro (actualmente el Ejecutivo ha establecido cierre de calles e impedimento de ingreso al Parlamento para algunos congresistas mientras que la Comisión Permanente ha ordenado a su procurador el inicio de acciones contra todos los actos realizados por el mandatario) manteniendo así la división en la sociedad.

Además, si bien Vizcarra sigue ejerciendo como mandatario, lo cierto es que si su postura finalmente no fuera convalidada por el Tribunal Constitucional, todas las decisiones que adopte durante los próximos meses podrían ser cuestionadas.

Pero frente al camino jurídico, también se abre la posibilidad de que la crisis generada pudiera encontrar otra vía de salida a nivel de negociación política. Después de la renuncia de la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, diferentes voces han vuelto a poner en la mesa la opción de elecciones generales. Está postura es avalada incluso por el presidente del Congreso, y algunos parlamentarios fujimoristas y apristas que en primera instancia archivaron la propuesta presidencial de adelanto de elecciones.

El excanciller Alan Wagner ha planteado la convocatoria a una mesa de diálogo donde estén presentes todos los representantes políticos encaminada a una renovación de la clase política. Pero este grupo podría servir como una forma de garante para buscar una solución que —tomado la idea primigenia del presidente Vizcarra de adelantar las elecciones—, viabilice la convocatoria a comicios ­generales.

Este diálogo puede generar una salida más rápida y reducir el conflicto existente. Si bien es difícil que se concrete, hay que explorar opciones para no seguir generando incertidumbre tanto dentro del país como fuera, pues si se ponen en entredicho los actos de gobierno es poca la tranquilidad que pueden sentir los ciudadanos y los inversionistas

Ninguno de los caminos es sencillo. La vía jurídica no solo será lenta, sino que seguramente mantendrá la crispación durante los próximos cuatro meses hasta que se den las elecciones de enero. La vía de la negociación política requiere la madurez de las partes, la presencia de terceros que generen confianza y respalden las decisiones que se tomen, pero también la búsqueda de un camino legal para ejecutar dicha decisión.

Corresponde a las fuerzas políticas y al Ejecutivo tomar decisiones pensando en el país.