Peor, ¿imposible?

El ministro de Economía, Alex Contreras, reiteró ayer que el Gobierno no inyectará dinero del Tesoro público, en la forma de aporte de capital, a Petroperú, pero confirmó que se buscan otras salidas para su crisis de liquidez. “La intervención iría más bien por el lado de garantías”, dijo, lo que significaría que la petrolera estatal podrá contratar créditos nuevos con garantía del Estado. No mencionó si habrá capitalización de deudas o si se incrementará la línea de crédito que Petroperú tiene con el Banco de la Nación (US$ 500 millones).

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Estas declaraciones surgieron a raíz de la rebaja de la calificación crediticia realizada por Fitch Ratings a Petroperú, para su deuda en moneda local y extranjera de largo plazo y para sus notas sénior no garantizadas. Para colmo, mantuvo “negativa” la perspectiva de su calificación. Si bien la rebaja fue motivada por el anuncio del premier Alberto Otárola de que el Gobierno no aportará capital a la empresa (Gestión 22.01.2024), consideramos apropiado que Contreras haya ratificado esa postura, pues el Presupuesto Público de este año enfrentará serios desafíos, sobre todo por el lado de la recaudación, de modo que el MEF tendrá que ser cuidadoso en destinar recursos para inversión pública prioritaria.

Además, Petroperú enfrentaría menos escasez de liquidez, respecto de la que tenía cuando el Gobierno de Pedro Castillo le lanzó un salvavidas financiero, en octubre del 2022. La refinería de Talara ya está operativa al 100% y genera ingresos, y los tres lotes petroleros en el noroeste del país que, arbitrariamente y sin licitación, le fueron adjudicados el año pasado –ahora puede comprarse petróleo a sí misma, para lo cual no necesita efectivo sino simplemente realizar movimientos contables–. Es más, también le sería adjudicado el Lote X, que representa el 70% de la producción petrolera del noroeste del país (ver página 2), con lo que sus necesidades de liquidez se verán reducidas un poco más.

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El riesgo de estas concesiones “a dedo” es que la capacidad de Petroperú de realizar inversiones en dichos lotes es nula. En otras palabras, se ha buscado mitigar un problema de corto plazo creando otro a mediano plazo. Todo esto se suma a las decisiones erróneas que se han tomado con la estatal, empezando con la refinería, que debió estar lista el 2017 y que costó casi seis veces lo proyectado. La ineficiente (y corrupta) gestión que tuvo durante el régimen de Castillo terminó por hundirla. Es entendible que el Gobierno actual quiera reestructurarla, y sin comprometer fondos públicos.