Eduardo Morón
Presidente de Apeseg
Hasta hace poco, teníamos el privilegio del favor de los mercados internacionales porque la estabilidad macroeconómica de la economía peruana había pasado la prueba que alguna vez las calificadoras de riesgo nos habían puesto: quiero ver que conserven la prudencia fiscal cuando el gobierno sea de izquierda, cuando el gobierno no tenga mayoría en el Congreso. Ambas pruebas las habíamos pasado y parecía que la estabilidad monetaria y fiscal pasaba a ser una parte de nuestro inventario permanente.
Si bien, la estabilidad monetaria ha persistido en todos estos años con diferentes niveles de turbulencia política, la estabilidad fiscal se ha puesto en cuestión por la sucesión de dos golpes muy grandes casi uno tras otro. Primero fue el severo impacto de El Niño costero que causó destrozos que sumaron algo de 9,000 millones de dólares. Cuando ni siquiera habíamos terminado de reconstruir estos daños vino la pandemia y la factura aún no termina de cerrar pero terminará siendo aún más alta que el primer evento.
Los países al igual que las familias deben tener definida e implementada una estrategia financiera contra los desastres. El Perú la tenía escrita gracias al trabajo del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que laboriosamente fue añadiendo diferentes instrumentos financieros para responder de manera adecuada a los diferentes riesgos que amenazan al Perú. De esa manera, a la reserva de contingencia que todos los años se coloca en el presupuesto público, se añadieron líneas de crédito contingentes que rápidamente podían darle liquidez al gobierno en caso de emergencia, se añadieron ahorros en el Fondo de Estabilización Fiscal para tener recursos a la mano sin tener que forzar a reacomodos presupuestales en caso de emergencia.
Hasta ahí, seguíamos siendo el alumno aplicado en la gestión fiscal de la región. Pero siempre nos faltó dar el último paso que era incluir herramientas de aseguramiento. Tal como hace una familia, los ahorros funcionan para emergencias no tan costosas, pero para aquellas de carácter catastrófico requieren el uso de seguros catastróficos. Avanzamos tímidamente comprando junto con los países de la Alianza del Pacífico un bono catastrófico, pero esa cobertura es insuficiente.
Si ocurriese un sismo de gran magnitud podría provocar daños en infraestructura crítica como red de hospitales, carreteras y colegios públicos. La gran diferencia es que esta vez cuando volteemos para usar los ahorros, estos ya no estarán disponibles. Al próximo gobierno le corresponde restaurar nuestra fortaleza fiscal y una pata de esa estrategia será recomponer los ahorros, pero hoy es aún más urgente tener un paraguas financiero que nos proteja de una nueva catástrofe porque nos hemos consumido los salvavidas en las últimas dos tormentas. Luego, con calma, haremos la persistente tarea de volver a tener ahorros en el Fondo de Estabilización Fiscal.
El sector privado debería entender que en dichas circunstancias lo prioritario no será atender la destrucción de activos privados (por ejemplo, viviendas) y deberían hacer los deberes de tener su propio escudo financiero ante eventos de gran magnitud. Esta vez, el Estado no tendrá recursos.