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Por Roxana Orrego Moya, ingeniera con Maestría en Ciencias (MSc) y asociada de Investigación al Instituto del Futuro.
Los incendios en el Amazonas, los huracanes, las sequías, el recurrente Niño y el COVID-19 nos han demostrado, de sobra, lo obsoleto del sistema financiero clásico para reducir perdidas y asegurar ganancias, por eso las principales aseguradoras, fondos de inversión y países desarrollados (incluido el Green Deal de la Unión Europea) han tomado claras acciones.
El 2020 apareció el término “cisne verde” para evidenciar que el sistema financiero actual no resistiría el impacto de eventos ambientales, el COVID-19 lo confirmó. La próxima amenaza es el cambio climático. Por su parte, los Bonos Verdes ya habían llegado hace rato para quedarse y los recientes anuncios dados por las economías desarrolladas para la reactivación post pandemia prevén que su demanda seguirá en aumento.
Además del cambio climático y las innovaciones tecnológicas, ésta es una época caracterizada por revueltas sociales. En pocos años la “generación z”, signada por valores, será nuestro principal motor de consumo. Frente a ello, la agenda financiera mundial va tratando de situar con cada vez mayor fuerza los aspectos ambientales y sociales como un factor determinante en las perspectivas a largo plazo, con un afán de rentabilidad, claro está, pero también presionados por las amenazas reales de estos impactos y por la creciente demanda social. El cambio climático distorsiona los mercados, las cadenas de suministros y acrecienta la brecha entre lo informal y formal.
En el Perú, si bien esta crisis nos agarró “en crisis”, urge que el gobierno impulse estos nuevos mercados e incorpore a los informales en la ansiada sostenibilidad. Necesitamos expertos que tomen decisiones financieras que permitan enfrentar los riesgos asociados a estos nuevos retos.
El Ministerio de Agricultura, que tiene entre sus mandatos el desarrollo del agro, la seguridad alimentaria y la gestión sostenible del suelo, el agua y el recurso forestal, debe incorporar criterios de sostenibilidad financiera en los 2,500 millones de soles que ha anunciado para la reactivación del sector el 2020 y 2021.
Muchos de sus programas y desembolsos han fomentado la deforestación por años y no han estado acompañados de asistencia técnica e identificación de nuevos mercados que pongan en valor los productos de nuestra extraordinaria biodiversidad.
No nos hemos modernizado y cada cinco años el Minagri es “reestructurado” sin asegurar la sostenibilidad de los productos agrarios, para lo cual debe impulsar mayores certificaciones, adaptación al cambio climático con nuevas tecnologías, uso eficiente del recurso hídrico e inclusión a la formalidad. Es decir, incorporar la agenda climática en su desarrollo. Los más vulnerables son los más pobres, lo reconfirmamos cada año con los friajes, los huaycos, las inundaciones y las sequías.
El bosque peruano es uno de los diez más grandes del mundo y un activo extraordinario que debiera situarse como un factor de competitividad para la reactivación y desarrollo de nuestro país. Ocupan el 60 por ciento de nuestro territorio y son la fuente del recurso hídrico sobre el que se ejecuta tanta infraestructura, descuidando su origen. Somos un país de bosques que aún no han sido integrados a nuestra identidad como peruanos.
El Serfor, la autoridad nacional del recurso forestal y de fauna silvestre, es hoy un ente sin cabeza y sin rumbo anunciado y cuya temática, los bosques, pasa desapercibida en la anunciada “Reactivación Agrícola 2020 - 2021”. Cada año perdemos miles de hectáreas por actividades agrarias migratorias y por tala ilegal, representando más del 50 por ciento de nuestras emisiones totales, provenientes de la perdida de nuestro capital natural y no por desarrollo industrial como en otras urbes.
Necesitamos decisiones claras que nos permitan insertarnos competitivamente a mercados cada vez más sostenibles y demandantes de biodiversidad. Es hora de dar el salto, adecuarse a los tiempos y tomar buenas decisiones.