El peligro de la Asamblea Constituyente

E l plantear cambios en el Régimen Económico de la Constitución (REC) en el contexto político actual, caracterizado por las incertidumbres derivadas de la disolución del Congreso y otras medidas muy cuestionables; movilizaciones sociales como la de Las Bambas nuevamente; una economía desacelerada y con una preocupante baja inversión privada. Y con un muy apresurado proceso electoral en el que no regirán las nuevas reglas de la reforma política, que no dará tiempo para que se elaboren adecuados planes de gobierno y una profunda revisión de los antecedentes de los candidatos al próximo Congreso, cualquier cosa puede resultar.

Si a lo anterior le sumamos el evidente deseo del oficialismo de tener un Congreso funcional a sus necesidades (para eso fue el cierre del Parlamento). Y con un nuevo Legislativo en el que la izquierda se emplearía a fondo, se podría aprobar una Constituyente, o cambios significativos en el REC, objetivo largamente deseado por las izquierdas. Es que la unión de ambos grupos fue lo que logró el cierre del Congreso el lunes 30 de setiembre.

Naturalmente que las posibilidades de que se concreten los deseos del Gobierno estarán estrechamente vinculadas a cómo evolucione la popularidad de Martín Vizcarra en los próximos meses. Y todos conocemos la falta de eficiencia del Gobierno, su ausencia e incumplimiento de sus funciones más elementales. La que ha estado enmascarada por los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el circo ya se acabó, por lo que el Gobierno, que ya no tendrá a quién culpar, tendrá que empezar a gobernar eficientemente o enfrentar una pérdida de popularidad. Para lo cual el Gobierno deberá atender eficientemente problemas como la generación de empleo, las movilizaciones sociales, agilizar la reconstrucción del norte, etcétera.

El intento de cambio del REC

No es la primera vez que las izquierdas quieren introducir cambios en el REC. Durante parte del periodo de Alejandro Toledo (2002 y 2003), las nuevas inversiones se detuvieron durante dos años desde el anuncio de que el Congreso iba a evaluar ciertos cambios en el REC.

Entre las principales preocupaciones existentes en dicha oportunidad se encontraban el retorno del concepto de planificación estatal de manera similar al que existiera en la Constitución de 1979. También la recuperación de conceptos tan ambiguos y subjetivos como el interés social y la justicia social en el régimen de propiedad. Otra propuesta que generó mucha preocupación fue la de eliminar el rol subsidiario del Estado para realizar actividad empresarial (retorno de las empresas públicas).

En la práctica, se formó un subgrupo de Trabajo de Reforma Constitucional sobre el Régimen Económico que estuvo presidido por el congresista Jorge del Castillo. El que convocó a un grupo de expertos para que evaluaran el REC y propusieran cambios. Presentaron una propuesta, el Congreso debatió, se ignoraron muchas de las recomendaciones, y al final no se aprobó cambio alguno, dejándolos suspendidos indefinidamente.

Todos conocemos la falta de eficiencia del Gobierno, su ausencia e incumplimiento de sus funciones más elementales. La que ha estado enmascarada por los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, se llegaron a aprobar artículos preocupantes, como el del artículo 100, que establecía en su segundo párrafo que “el Estado, autorizado, por ley expresa, puede realizar actividad empresarial, directa o indirecta, con el fin de promover la economía nacional, suplir la ausencia o insuficiencia del capital privado o alcanzar los objetivos del desarrollo”. A diferencia de este texto, la Constitución de 1993 tenía una forma más restringida, que “solo autorizado por ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirectamente por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Ya que el término “insuficiencia” de capital es muy vago. Y podía ser una puerta para que los gobiernos de turno manifiesten que hay insuficiencia de capital privado en determinado sector, y se pone una nueva empresa pública. Existieron otros cambios preocupantes que se aprobaron en dicha oportunidad, pero que por falta de espacio no podré incluirlos en esta oportunidad.

Por lo que la mezcla de las dificultades de corto plazo con los problemas de mediano y largo plazo que originarían los cambios del REC, que de concretarse sí ahuyentarían el reducido stock de inversión extranjera que todavía conseguimos atraer, deben de obligar a los sectores opuestos a las modificaciones del REC a unirse e impedir ese despropósito. Sin embargo, como lo mencionara Fernando Rospigliosi “lo impresionante de todo esto es la falta de reflejos no solo de la oposición política [...], sino de las élites, que no han reaccionado oportunamente para enfrentar el peligro que las amenaza, y que podría llevar al Perú al despeñadero” (Rumbo al precipicio, EC 13.10.2019). Por lo que esperamos que en esta oportunidad los grupos de interés sí puedan reaccionar oportunamente.