Elmer Cuba: La informalidad en los planes de gobierno

Presentar un plan de gobierno es parte del trámite administrativo para la inscripción en la campaña electoral. Es decir, es una obligación legal pero no necesariamente refleja los temas centrales debatidos en la campaña política. Los partidos buscan ganar las elecciones tocando temas según la coyuntura, su olfato político o -si son más sofisticados- según sus propias encuestas y análisis de focus group.

El tema de la informalidad es tratado por casi todos los planes de gobierno de los principales candidatos. Sin embargo, en los planes no se define con precisión ese concepto. Para el imaginario popular se puede tratar de un vendedor ambulante, al que hay que perseguir en las calles o ayudar a que tenga una tienda, o ambas.

Para algunos se trataría de microempresas o pequeñas empresas que no pagan (o no pueden pagar) impuestos o que no cumplen (o no pueden cumplir) con la legislación del sector económico en el que operan.

Para otros, se trata de un problema de acceso al crédito o de falta de más compras estatales. También se menciona el conjunto de trámites burocráticos que pueden ser infranqueables para algunos emprendedores. Para no abundar en el tema de la titulización de la propiedad y un posible crédito con garantía de la misma. Otros tantos ponen mucho énfasis en la fiscalización laboral, pero menos énfasis en fiscalización tributaria. Claro, el estado no vota.

La mayoría no hace un buen diagnóstico del problema y pasa directamente a las propuestas. En una de sus presentaciones, un candidato se jactó de que no tenía diagnósticos (de nada), sino que solo tenía soluciones (para todo).

Existen varios tipos de informalidad. Este es un concepto económico y legal. Si no existiesen normas que regulen la actividad económica (sectorial, tributaria, laboral) no habría informalidad. Pero los bajos salarios y la baja productividad de las empresas seguirían allí. Las normas tienen implícito un sector capitalista moderno, con un relativamente alto capital financiero y humano y -en la práctica- solo son cumplidas por este pequeño grupo de empresas del país.

En la mejor década de crecimiento económico (2004-2014), cuando la economía crecía en promedio 6% anual, la informalidad laboral pasó de 80% al 70%. Algunos colegas del ejecutivo piensan que ese es el único camino.

Asumiendo que no se afinan las normas vigentes (sectoriales, tributarias y laborales) y el país continúa creciendo en los próximos 5 años a un ritmo promedio de 3.5% anual, la informalidad laboral (empleados privados dependientes) se quedará estancada alrededor del 70% que habría alcanzado en 2020 o bajaría marginalmente.

Tenemos empresas formales con parte de sus trabajadores en la informalidad laboral y empresas informales con trabajadores informales, como no podría ser de otra manera.

En el primer caso, su existencia se debe, en parte, a la falta de una buena calibración de las normas para que los trabajadores puedan ser formales y, en parte, a un débil sistema de supervisión laboral a cargo de Sunafil. Este primer caso es mucho más fácil que el segundo.

En la gran mayoría de casos se trata de empleados informales dentro de empresas que también son informales. Estas unidades productivas no existen para el estado, no tienen RUC. Quizá puedan tener acceso a un mínimo crédito bancario. No le venden al estado. No se puede pretender que, con propuestas con mecanismos muy débiles, estas empresas se formalicen y hagan lo mismo con sus trabajadores

Existe un tercer grupo de trabajadores, los independientes. Ellos no tienen un empleador y por ello no están sujetos a las leyes laborales. Sólo tienen relaciones de servicios con sus clientes finales. Este grupo es el más numeroso de la fuerza laboral. Solo 15% de ellos tiene RUC y puede (o no) emitir un recibo de honorarios. Nunca he visto en los planes de gobierno alguna propuesta directa para este grupo.

A estas alturas de la campaña, creo que es mejor esperar a que el futuro presidente conforme una comisión técnica y luego lleve una propuesta al Congreso. Si éste último forma una comisión multipartidaria, se puede producir una propuesta grotesca como ocurrió con la de pensiones, en el actual parlamento.

Las propuestas deben incluir aspectos societarios, tributarios, laborales y de seguridad social (salud y pensiones). Es decir, una suerte de “combo formalizador”. Ninguna medida aislada será capaz de mover la aguja. Recordamos la propuesta de bajar el IGV de 18% a 15% para formalizar el empleo, que no llegó a implementarse, afortunadamente.

El Perú presenta una especie de exceso de informalidad laboral de cerca de 20%. El 70% se puede reducir a 50% durante un solo periodo de gobierno. Sin embargo, una vez llegado allí, el camino será más largo y va de la mano con el desarrollo económico mismo. Es decir, mejoras sustanciales en capital humano y la productividad de las empresas para poder cubrir por lo menos un salario mínimo, aportar 9% para un seguro de salud, un 10% para una pensión de jubilación y tener 30 días de vacaciones.