Janice Seinfeld: Promesas poco saludables

Si en algo coinciden los planes de gobierno de los partidos en contienda electoral, es que el Perú no puede continuar con su actual sistema de salud —de lo poco bueno que ha traído la pandemia—. Y la coincidencia básica está en la necesidad de articular un sistema hoy fragmentado e ineficiente, y de fortalecer el primer nivel de atención. Es decir, invertir la actual pirámide de servicios. Hoy tenemos un sistema centrado en hospitales, que representan solo el 10% de la infraestructura disponible, pero utilizan el 90% del presupuesto y el 85% del presupuesto en recursos humanos en salud.

Las iniciativas contenidas en los planes de gobierno van desde los lugares comunes como incrementar el financiamiento, construir hospitales o aumentar los recursos humanos, hasta aquellos que han hecho mejor la tarea: identifican medidas para superar la crisis y construir un sistema de salud que permita más acceso, con mejores servicios e información de calidad. Pero, aunque algunos precisan indicadores de medición, no explican cómo se lograrán. Como señaló mi colega Luis Miguel Castilla en su reciente columna “Lluvia de millones: ¿cuánto cuestan los planes de gobierno?” (El Comercio 29/3/2020), ignoran por completo consideraciones de financiamiento y omiten mención alguna a conceptos básicos como déficit fiscal o nivel de endeudamiento público.

Veamos algunas de estas promesas: incrementar en 50% del gasto público en salud per cápita en la población más pobre del Perú. Reducir a cero la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años. Incrementar en 50% el número de camas al 2026. Que el 100% de la población peruana cuente con protección del sistema público. Reducir en 50% el pago directo en el sistema público de salud. Lograr al 2026 una cobertura del 100% en salud, incluidas las enfermedades de alto costo. Promover el estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud de una cama hospitalaria y un consultorio por cada mil usuarios. Incrementar el presupuesto público de salud al 10%. Que las regiones deban, por ley, contar con por lo menos cuatro hospitales especializados que cumplan tres funciones: asistencia, docencia e investigación.

Algunas medidas interesantes, aunque tampoco se aterrizan, son “aminorar” en un 70% las trabas para la atención de salud. Que el 50% de los hospitales sea administrado por privados. Que el 50% del sistema nacional de salud esté consolidado en redes integradas de salud. Que el 95% de población tenga historia clínica electrónica. Que el 15% de la población nacional opte por ser donante de órganos.

En cuanto a la pandemia, hay coincidencias en realizar pruebas moleculares masivas, rastreo y aislamiento de contactos. Otros ofrecen la disposición de vacunas, oxígeno, respiradores y demás equipos e insumos sanitarios. Cercos epidemiológicos con pulseras con dispositivos electrónicos. Medicamentos e insumos esenciales disponibles para todos los pacientes infectados. Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para que las universidades e institutos de investigación del país, tanto públicos como privados, puedan desarrollar las vacunas contras virus y bacterias.

Como acciones de prevención y control, se plantea redefinir las funciones y responsabilidades de cada nivel de gobierno en el sistema de vigilancia y respuesta. Esto va de la mano con el necesario reordenamiento del sistema de salud.

Un aspecto menos presente en los planes, pero igualmente urgente de implementar, es la agenda digital en salud. La crisis sanitaria ha confirmado la necesidad de gestionar con información consistente. Además, que es imperativo avanzar en la telesalud para que los ciudadanos puedan recibir atenciones médicas virtuales, especialmente aquellos con enfermedades crónicas.

Pasar de un sistema de salud ineficiente y desarticulado sin duda requiere recursos, pero sobre todo implica una mejor gestión e incorporar nuevos modelos de financiamiento. Una alternativa para esto último es el pago capitado a los prestadores de servicios de salud: reconocer un presupuesto por persona al año introduciría incentivos de eficiencia para la gestión y el logro de resultados sanitarios, especialmente en el primer nivel de atención. La experiencia exitosa de EsSalud en algunos policlínicos privados con población y territorio asignados o las asociaciones público-privadas en el Callao y Villa María del Triunfo brindan lecciones valiosas a tomar en cuenta.

Pero todo lo anterior no será posible sin una clara línea de autoridad y conducción desde el Ministerio de Salud. Como ente rector del sector, no debe seguir distrayendo sus esfuerzos en acciones operativas como dirigir la red de servicios de Lima Metropolitana ante la ausencia de la autoridad municipal de la ciudad, que no asume su rol.

Para avanzar con el fortalecimiento del primer nivel de atención, deberíamos capitalizar el enorme esfuerzo que el país hará para vacunar a los peruanos contra la COVID-19: utilizar el Padrón Nacional de Vacunación para cuantificar la demanda y asignar población definida e identificada a un establecimiento de salud cerca a sus hogares. Es un primer paso para invertir el actual modelo “hospitalocéntrico”.

Finalmente, quiero invitarlos a visitar “Propuestas del Bicentenario”, una iniciativa independiente donde expertos en políticas públicas planteamos medidas concretas para nuestro país y cómo lograrlas sin afectar nuestro equilibrio macroeconómico. Están a disposición de la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas en www.propuestasdelbicentenario.pe