En paz canalicemos la indignación

Llevamos más de un mes con disturbios, cerca de 50 peruanos fallecidos y numerosas instalaciones públicas y privadas destruidas. Los actores involucrados serían heterogéneos: desde ciudadanos no organizados, hasta movimientos políticos, personas violentistas y grupos vinculados a economías ilegales (en particular mineros ilegales y cocaleros). El derecho a la protesta pacífica debe respetarse. Las manifestaciones violentas y la inutilización de activos críticos deben ser sancionadas con todo el peso de la ley.

Las movilizaciones incluyen ciudadanos que protestan contra malos servicios públicos, la corrupción, el ejercicio abusivo del poder, el centralismo, entre otros. Protestan por indignación. En este escenario complejo, es relevante que los escuchemos e impulsemos la atención de sus demandas.

En los últimos veinte años, el crecimiento permitió reducir la pobreza a la tercera parte y aumentar el presupuesto público a cinco veces. Con ello llegó bienestar a las familias, pero casi exclusivamente vía empleos; el mayor presupuesto público no se tradujo en servicios públicos adecuados, por serias deficiencias de nuestro sistema político y debilidades de nuestro aparato público.

A todos debe indignarnos que solo uno de cada seis alumnos logre los resultados esperados en matemáticas y comunicaciones, que aproximadamente la mitad de los pacientes salga de establecimientos de salud sin todas las medicinas requeridas, que dos de cada cinco niños tengan anemia, que existan decenas de hospitales a medio hacer, que cada tres días una mujer sea asesinada por su pareja o expareja, entre muchas otras limitaciones en la atención de necesidades básicas de los más vulnerables.

Canalicemos la indignación hacia el impulso a una agenda que permita mejorar los servicios públicos y dar mayores oportunidades a personas en situación de pobreza, en particular de áreas rurales y mujeres. Prioricémosla como sociedad y presionemos al sistema político y las autoridades a aprobarla y ejecutarla, y a rendir cuentas de ello de manera periódica.

Los siguientes cuatro temas deberían estar en esa agenda:

1. Desterremos de la política a agresores y delincuentes: que estén impedidos de postular o ejercer cargos públicos quienes hayan sido condenados por delitos de narcotráfico, terrorismo, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, atentado contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Demandemos que el Congreso apruebe los impedimentos a postular como parte de la reforma política en discusión.
2. Demos a la meritocracia en los cargos públicos nivel constitucional: cuando se contraponen los intereses ciudadanos a los intereses de los funcionarios públicos, los intereses de los primeros deben primar. Solo podremos lograr servicios de calidad si quienes los gestionan saben que su permanencia en el puesto depende de que atiendan bien a sus clientes, en este caso los ciudadanos, y en particular los más vulnerables. Demandemos que el Congreso apruebe esta modificación constitucional.
3. Prioricemos la provisión de servicios públicos de calidad en los 50 distritos más pobres del país: los promedios nacionales suelen esconden grandes brechas en la atención de necesidades básicas. Creemos un programa público que se enfoque en lograr que la calidad de los servicios logre niveles adecuados en los distritos más pobres: que las normas, la asignación presupuestal, los recursos humanos, el equipamiento, los sistemas, se ajusten para lograr ahí servicios de calidad. Queda claro que los cambios que permitan la mejora en los distritos más pobres traerán también mejoras en el resto de distritos del país. Que MIDIS impulse este programa, y los gobiernos regionales actúen en sintonía con el mismo.
4. Servicio de asistencia técnica de calidad para agricultores: impulsemos un mercado de servicios de asistencia técnica en que el agricultor decida con quién trabajar. Como se ha hecho en el pasado, que los agricultores reciban váuchers que les permitan contratar servicios de asistencia técnica de proveedores acreditados; démosle el poder en acceder a este servicio. Que el Ministerio de Agricultura ponga énfasis en esta tarea.

Para canalizar la indignación hacia una agenda crítica, la presidenta y sus ministros, así como los congresistas y los líderes de partidos políticos deben ejercer liderazgo en impulsar un diálogo amplio, y hacerlo con disposición de escucharse unos a otros y lograr consensos. Deben hacerlo anteponiendo los intereses ciudadanos, y escuchando con empatía y compromiso a quienes sufren por un Estado inoperante.

La violencia y el financiamiento de economías ilegales, lamentablemente presentes en las protestas, deben ser sancionados con todo el peso de la ley. Que ello no nos impida reconocer la heterogeneidad de actores involucrados en las protestas, así como canalizar la indignación de muchos hacia una agenda crítica que traiga más oportunidades para los más vulnerables.

Los impuestos solo se traducirán en bienestar cuando tengamos un sistema político de personas decentes que funcione y un Estado con meritocracia enfocado en servir a los más pobres. Logremos una agenda crítica para ello y todos comprometámonos a impulsarla. Hagámoslo en paz, sin violencia.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.