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En los últimos 20 años, nuestra economía ha crecido de manera importante, multiplicándose por cuatro. Este crecimiento ha permitido reducir la pobreza de 60% a 20%, con lo cual 10 millones de peruanos salieron de la pobreza. Pero todavía hay 7 millones de peruanos en esta situación. Del ritmo del crecimiento dependerá si nos tomará 5, 10 o 20 años que ellos también salgan de la pobreza.
El crecimiento ha permitido también que el presupuesto público se multiplique por cinco. Es decir, un presupuesto mucho mayor para financiar servicios de educación, salud, agua, entre otros, para los hogares de menores recursos. El mayor gasto público ha permitido ampliar la cobertura de muchos servicios, en que la brecha de acceso se ha reducido de manera importante.
Sin embargo, la calidad de los servicios es aún bastante deficiente. Menos de 10% de los alumnos de segundo de secundaria logra competencias suficientes en comunicaciones y matemáticas, menos de 50% de los hogares accede a agua segura, solo 50% de los usuarios del Seguro Integral de Salud recibe todos los medicamentos recetados tras una consulta, la espera para una cita médica puede tomar meses, entre otros.
Cabe mencionar al respecto que en una encuesta reciente encargada por IPAE a Ipsos, cuando se pregunta qué cambios se quisieran introducir al modelo económico, la primera respuesta de lejos es que mejoren los servicios de educación (57%), seguida por el combate a la corrupción y el combate a la delincuencia y la violencia de género. El funcionamiento del Estado, y en particular la calidad de los servicios, deben ser una prioridad.
Dos casos nos dan rutas a seguir para garantizar acceso y calidad en los servicios básicos.
En el caso de los estudios universitarios, tenemos a Sunedu, verificando que las universidades cumplan con estándares de calidad. Su gran mensaje es que la provisión del servicio puede ser pública o privada, pero de todas maneras tiene que ser de calidad. Así, los estudiantes y las familias sabrán que el esfuerzo que realizan será para obtener buenos resultados, ya que no solo obtendrán un cartón, sino que conseguirán una preparación en conocimientos y habilidades que les permitirá insertarse en el mercado laboral o hacer un emprendimiento, con mayor éxito.
Y para el financiamiento de los estudios, tenemos Beca 18, que permite que familias de bajos recursos tengan más opciones. Con ello, no deben optar necesariamente por la universidad pública que esté cerca de su lugar de origen, sino que pueden optar por una universidad pública o privada, y que el Estado pague. Es decir, las familias de bajos recursos pueden ir a universidades de calidad, con financiamiento del Estado.
Se tiene la provisión de servicios, por un lado, y el financiamiento de la demanda de los hogares de menores recursos, por otro. Y esta debe ser la regla: poner al ciudadano al centro, que el financiamiento del Estado vaya al ciudadano, y que tenga a su disposición opciones de calidad. El enfoque alterno es que el financiamiento vaya a tener infraestructura y servicio público, que no necesariamente es de calidad ni necesariamente es usado solo por quienes tienen bajos recursos. Debemos ir hacia el subsidio de la demanda de los ciudadanos, más que a financiar solo una oferta pública.
En el caso de la salud, Essalud tiene ahora establecimientos operados bajo normas públicas y otros operados bajo normas privadas. En los segundos, cumplir estándares de calidad es una prioridad. Así, se tienen los hospitales de Villa María del Triunfo y el Callao, que son operados por una empresa privada, la cual tiene la responsabilidad de velar por la salud de 500,000 asegurados. En estos hospitales, la satisfacción de los usuarios es de más de 80%, los días para obtener cita son tres y la disponibilidad de medicamentos es de 99%. Así, la provisión está a cargo de un operador privado, pero el financiamiento es del Estado, contra cumplimiento de resultados y estándares de calidad.
Susalud, que debe velar por los derechos de salud de los ciudadanos, debería verificar la calidad de los servicios, sean estos públicos o privados. Definamos estándares de calidad, y midamos cómo están nuestros hospitales y clínicas. Exijamos calidad en todos los servicios.
En los casos mencionados, el ciudadano fue puesto al centro, y darle opciones de calidad fue lo fundamental. Toca repensar la provisión de servicios, para que no resulten solo en un cartón, en agua entubada o largas esperas. Pongamos al ciudadano al frente y definamos los estándares de calidad a alcanzar, sea que la provisión sea pública o privada. Y pongamos el financiamiento público a atender la demanda de las familias de bajos recursos.
Crecimiento y calidad de servicios deben ser prioridad. Con el crecimiento podremos seguir reduciendo la pobreza y aumentando el presupuesto público, y con la calidad podremos atender las necesidades reales de los ciudadanos, y no solo darles acceso a servicios de baja calidad.